El Consell tiene la obligación de rehabilitar y adecuar el inmueble cedido a la normativa vigente que regula las medidas de seguridad y protección, con un plazo máximo de ejecución de las obras de dos años. El convenio establece que los trabajos ejecutados quedarán en beneficio de la propiedad una vez finalice el periodo de cesión, sin que el Consell tenga derecho a «ninguna indemnización». Todas las reparaciones y obras de mantenimiento también correrán a cargo de la institución hasta el 31 de diciembre de 2017.
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El acuerdo del Consell y la familia Matutes concede a los propietarios el derecho a utilizar el inmueble para actividades culturales privadas o cederlo a terceros
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