El Consell acordó ayer por unanimidad la retirada progresiva de las
llamadas barreras 'guillotina' de las carreteras de la red viaria
de las Pitiüses. La oposición presentó una moción que fue aprobada
con el apoyo del equipo de gobierno tras negociar unas pequeñas
modificaciones del texto original. Finalmente, el Consell acordó la
progresiva eliminación de las barreras, «habilitando para ello una
partida económica del remanente del presupuesto del año
pasado».
También se aprobó por unanimidad instar al Ministerio de Fomento
y al Govern balear a que acuerden una modificación del proyecto de
ampliación de la carretera de Sant Josep para la sustitución de las
barreras instaladas, que se conocen popularmente con el nombre de
guillotina por el peligro que supone para los motoristas
accidentados. Son muchos los casos de motoristas que han perdido un
miembro al impactar contra estos guardarraíles.
De todos modos, la consellera insular de Carreteras, Stella
Matutes, defendió ayer en el pleno que, en contra de lo que
mantiene la oposición, las barreras 'guillotina' no son «ilegales».
Sacó a relucir un informe jurídico en el que los técnicos de la
institución concluyen que los guardarraíles instalados son
«válidos».
La oposición sostiene su demanda en una orden ministerial de
2001 que recomienda que no se instalen barrreras de tipo guillotina
en carreteras de calzada única, como el caso de la vía de Sant
Josep. Sin embargo, Matutes aseguró que esta orden ministerial no
tiene rango de ley y que sólo es de obligado cumplimiento para las
carreteras estatales. Pese a ello, la consellera expresó «la
voluntad» del equipo de gobierno por ir eliminando este tipo de
barreras o, en su lugar, instalar protectores de espuma, lo cual,
según dijo, es «menos costoso» y, por tanto, «más eficiente».
La consellera indicó que la sustitución de las vallas de toda la
red viaria de las Pitiüses tiene un coste de tres millones de
euros, lo cual es excesivamente gravoso para la institución si se
tiene en cuenta que el presupuesto anual del departamento de
carreteras asciende a sólo cuatro millones de euros. «No podemos
comprometer todo el dinero en barreras», puntualizó Matutes. La
portavoz del Pacte, Pilar Costa, criticó las palabras de Matutes,
recordándole que el equipo de gobierno sí está en cambio dispuesto
a invertir 70 millones de euros en la ampliación de la carretera de
Sant Antoni. «La seguridad les da igual. Les parece bien tirar el
dinero, pero las autovías y autopistas sí les gustan», indicó, lo
cual, obviamente, tampoco agradó nada a la consellera, que reiteró
«la voluntad» del Consell de sustituir o modificar las barreras
actuales, recordándole que el nuevo gobierno del PP, a diferencia
del Pacte, no ha instalado ni una sola barrera de tipo
guillotina.
Por otra parte, el conseller del Pacte Joan Boned presentó una
interpelación sobre el estado del proyecto de ampliación de la
carretera de Sant Antoni en la que criticó una vez más la amplitud
de la calzada, los pasos superiores, la variante de Can Tomàs y el
túnel de Sant Rafel.
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