El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha fallado a
favor del Ayuntamiento de Eivissa en el caso denunciado por el
Partido Popular hace cuatro años sobre la adjudicación fraudulenta
del servicio de zonas azules a la empresa Saba. La sentencia, sobre
la que cabe recurso de casación en un plazo de diez días, no será
recurrida, según informó la portavoz municipal del PP, Virtudes
Marí.
El grupo municipal popular denunció en 2000 el proceso de
adjudicación de la gestión del servicio de estacionamiento de pago
por considerar que la oferta de la empresa catalana Saba no era la
más económica ni la mejor de las que se presentaron al concurso
para la gestión de la llamada zona ORA. El primer teniente de
alcalde de Eivissa, Pedro Campillo, mostró ayer su satisfacción en
rueda de prensa ante la resolución judicial, que , según dijo,
viene a demostrar que «el tiempo pone a cada uno en su sitio» y que
«lo que decíamos hace cuatro años en respuesta a las denuncias de
la oposición era coherente».
Campillo hizo una lectura política de esta resolución judicial y
arremetió contra el Partido Popular sobre el que dijo que «va mal
con esta política calumniosa que vierte la imagen de que la
actividad política es algo innoble». El portavoz municipal retó a
la concejala popular a que aclare «por qué tuvo en su día interés
por demostrar que había otra oferta mejor que la de Saba, cuando
ninguno de los dos informes periciales realizados lo indicaba» y
exigió al PP disculpas públicas «porque es sano», después de tanta
«alarma social» como generó a lo largo de 2000.
Campillo mostró a la prensa todo el dossier de noticias
publicadas entonces. El teniente de alcalde recordó ayer que, en
esa época, los denunciantes del PP se erigieron en el «Tribunal
Constitucional» al decir que el informe jurídico encargado por el
Consistorio era un «bodrio».
El grupo municipal del PP de Eivissa también considera,
curiosamente, que el fallo judicial del TSJB, contrario a su
denuncia, dé la razón al Ayuntamiento, lo que supone que éste
«tramitó correctamente el expediente». De esta manera, dice la
portavoz del PP, Virtudes Marí, «el interés general queda
garantizado». Afirmó , en un comunicado, que en su día el PP
impugnó la concesión del parking de pago ante los tribunales porque
«presentaba diversas dudas». Marí recuerda que l los tribunales no
condenan en costas al PP, por lo cual queda patente que en ningún
caso tuvo una «actitud temeraria».
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