M.Juncosa10/12/04 0:00
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El Govern balear interpondrá un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias contra parte de la Ley de Horarios Comerciales aprobada por el Gobierno una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, según anunció ayer el conseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep Juan Cardona. El conseller presentó al Consell Assessor de Comercio el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Comunidad respecto de esta Ley, el cual concluye que la regulación de horarios globales a un máximo de 72 horas semanales y de apertura mínima en 12 domingos o festivos al año, dejando a las comunidades autónomas la posibilidad de reducirlos a ocho o aumentarlos ilimitadamente, se ajusta a la competencia de «ordenación general de la economía» otorgada por la Constitución Española al Gobierno central, y no invade la «regulación del comercio interior atribuida al Govern por el Estauto de Autonomía de Balears.

Por contra, el informe concluye que sí hay invasión de competencias en el «carácter pormenorizado y casuístico de los establecimientos con libertad de horarios y la concreción definitoria de las tiendas de conveniencia o de los establecimientos de reducidas dimensiones establecido en el artículo 5 del Proyecto de Ley», cuando exime del cumplimiento de la normativa general de horarios a los establecimientos de más de 150 metros y menos de 350 que no pertenezcan a una cadena comercial y que se dediquen a sectores como panadería, pastelería o floristería, así como los situados en puertos, aeropuertos o estaciones ferroviarias.

El conseller de Comerç consdieró que estas «concreciones» no corresponden a la «ordenación general del Economía» propia del Gobierno central «sino que deben ser reguladas por el Govern». «Es una cuestión de principios, cada Administración debe defender sus competencias y todo lo que pase de la regulación básica nos corresponde decidirlo a nostros». El conseller afirmó por otra parte que los servicios jurídicos de la Comunitat no dudan de la constitucionalidad de la Ley de Comercio balear, recurrida durante la pasada legislatura por el Gobierno del Partido Popular.