El Gobierno central ha gastado hasta la fecha 36 millones de euros en obras viarias en las Islas.

JUAN MESTRE/NEKANE DOMBLÀS

Sin embargo, Matas utilizó su tono más conciliador y anunció su intención de alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas, y especialmente con los socialistas, con el fin de «reconducir por todos los medios el recorte de inversiones estatales en Balears».

Desde el punto de vista técnico y jurídico, la consellera d'Obres Públiques ofreció una rueda de prensa en la que defendió la legalidad de las actuaciones del Govern, que están avaladas por sendos informes jurídicos de los servicios técnicos de la Conselleria y de la Abogacía de la Comunitat Autònoma.

Cabrer señaló que, en la renegociación del convenio firmada en 2004 por la Conselleria y el secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, se incluye de forma explícita una encomienda de gestión de todas las obras incluidas en el convenio, excepto la variante de Ferreries, en Menorca.

La consellera se mostró tan segura de que las actuaciones del Govern han sido legales que anunció que el Govern balear llevará al Gobierno central a los tribunales si se confirma el anuncio realizado por la ministra. Mientras tanto, el Govern continuará con las obras ya iniciadas por medio de endeudamiento sobre la base del convenio. «Estamos tranquilos», afirmó Mabel Cabrer.

«Tenemos potestad para licitar las obras y o la ministra no conoce el acuerdo firmado en su día con Benigno Blanco o no le da validez», dijo Cabrer.

«No somos ni tan pardillos ni tan tontos como para que los ciudadanos de Balears no sepan que tenemos las cosas perfectamente claras», añadió la consellera. Cabrer no quiso hacer valoraciones políticas de la decisión de la ministra, pero sí se mostró convencida de que el dinero que dejará de ingresar Balears se gastará en otras comunidades autónomas.

Tras la decisión irrevocable del Ministerio de Fomento de dar por roto el convenio de carreteras, Matas planteó la necesidad de que este asunto «se pueda despolitizar para evitar que no se castigue a una comunidad autónoma gobernada por otro partido político diferente al estatal».