El Govern podría anular en enero los concursos para la adjudicación
de concesiones administrativas para la ocupación y explotación de
las instalaciones náuticas y deportivas que estén pendientes de
resolución como es el caso de las instalaciones náuticas del puerto
de Sant Antoni.
Este hecho se debe a una enmienda presentada por el grupo
parlamentario popular, introducida por sorpresa en la tramitación
parlamentaria del proyecto de ley de presupuestos, añade que las
empresas no tendrán derecho a solicitar el lucro cesante ante la
administración autonómica por los supuestos beneficios que hubiesen
conseguido en caso de obtener la adjudicación.
En caso de aprobarse este artículo de los presupuestos que
entrarán en vigor el primero de enero, las empresas que opten a
concurso de servicios portuarios deberán conformarse con recibir el
dinero que hayan invertido en gastos burocráticos. Es decir, las
empresas tendrán derecho a recuperar los gastos
administrativos.
Los puertos deportivos pertenecientes al Govern balear son los
existentes en el municipio de Santa Eulària y Sant Antoni. El
primero no sufrirá, en principio, los efectos de esta enmienda ya
que el plazo de la concesión vigente ahora termina en 2031, según
fuentes portuarias.
Las instalaciones náuticas de Sant Antoni, por su parte, serían
en principio las más perjudicadas al finalizarse el plazo de la
concesión hace un año. En este caso y según fuentes del puerto de
Sant Antoni, actualmente las instalaciones se rigen debido a una
prórroga concedida por el Govern balear, que se prolonga durante un
año. En este sentido, la enmienda aprobada por el Ejecutivo tendría
que ver con un conflicto judicial que mantiene la consellera
d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, con la empresa que aspiraba a
gestionar el club de vela del puerto de Andratx.
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