La Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la comunidad de
2005 modifica algunas leyes que afectan directamente a las
Pitiüses, aunque no tiene tanta relevancia como el paquete de
medidas del año pasado, que incluían la 'eliminación' del parque
natural de ses Salines y el intento de legalización de la mansión
de Michel Cretu. Una de las novedades más significativas hace
referencia a la construcción de depuradoras, que, a partir del 1 de
enero de 2005, se podrán llevar a cabo a menos de dos kilómetros de
los núcleos urbanos. Así, la ley incorpora una disposición
adicional que especifica que «el emplazamiento de las estaciones
depuradoras de aguas residuales se ubicarán en la distancia mínima
que resulte más adecuada para evitar un perjuicio a la población».
«En estos casos», dice la nueva norma, «no pueden resultar
aplicables las reglas sobre distancia mínimas [2 kms.] que
establece el artículo 4 del reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas».
El conseller d'Hisenda i Economia, Lluís Ramis d'Ayreflor,
aseguró ayer en rueda de prensa que esta medida se ha adoptado para
dar solución el caso concreto de Maó, en Menorca. «El PTI contempla
la construcción de una depuradora en Maó, que no se puede
adjudicar, porque su ubicación dista menos de dos kilómetros de un
núcleo de viviendas», justificó. En todo caso, esta medida también
se podrá aplicar a la hora de fijar la ubicación de la nueva
depuradora de la ciudad de Eivissa.
Parcela mínima más reducida para los
expropiados
La disposición adicional undécima establece que se podrán
autorizar, con solicitud previa de licencia urbanística, «las obras
y usos en aquellas parcelaciones y solares que, como consecuencia
de una obra pública o declarada de utilidad pública para la que se
haya seguido el sistema de expropiación, no cumpla los requisitos
de parcela o fachada mínimas». De esta manera, una persona afectada
por una expropiación podrá solicitar una licencia urbanística
aunque el solar ya no cumpla los parámetros mínimos de
edificabilidad. Tendrá que cumplir, eso sí, una serie de
requisitos, como «solicitar el permiso de obra en un plazo de tres
años desde la ocupación de los terrenos». La norma también se
aplicará en el caso de las obras que «no hayan sido recepcionadas
en el momento de la entrada en vigor de la ley», por lo que los
tres años de vigencia contará a partir del momento en que se
empiece a aplicar la ley (1 de enero).
Ley de capitalidad para Palma
La ley tiene en cuenta capitalidad de Palma de Mallorca, y no así
el caso de Eivissa. Lo hace a través de la disposición adiciona
duodécima, que crea un fondo de cooperación municipal para
«corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer
efectivo el principio de solidaridad entre todos los municipios de
Balears». La norma da un tratamiento especial al caso de Palma, y
no menciona para nada a Eivissa. «Hasta que no se apruebe la ley de
capitalidad o cualquier otra, Palma recibirá un máximo del 20 por
ciento de la cantidad que se asigne a este fondo».
Canon del agua
La disposición transitoria única de la ley de acompañamiento
determina que las exenciones al pago del canon del saneamiento del
agua se deben aplicar «automáticamente a aquellos usuarios que
tengan el uso de regadío ya reconocido por el órgano
correspondiente de la conselleria competente en materia de aguas a
la entrada en vigor de la ley». Esta medida es para evitar que los
chalés queden exentos de este pago.
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