F. F./E.P.
El presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas (Aeca), Felipe Navío, aboga por mantener acuerdos directos entre el Consell de Menorca y el de las Pitiüses y las propias aerolíneas como vía de solución al problema del transporte aéreo. Navío propone esta solución frente a la declaración de servicio público, que en su opinión no ha terminado de resolver la situación. El presidente de las aerolíneas explicó ayer que «si el Consell de Menorca, o el de Eivissa quieren algún vuelo adicional a Barcelona, a Madrid o a donde sea, y no hay viabilidad económica de las compañías para este tipo de operación, propongo que convoquen un concurso específico para esa ruta o un convenio con alguna compañía». Navío fue más claro al instar a los consells insulares a negociar individualmente con cada aerolínea. «Yo (Consell) estoy dispuesto a financiar tanto, ¿tú cuánto me das? Tú Spanair, tú Air Nostrum, tú Air Europa, etcétera», dijo el presidente de AECA, que sostiene que esta fórmula sería también «mejor solución que realizar más declaraciones de servicio público, porque pasaría como ha sucedido con el tráfico interinsular: tarifa máxima que te permite la obligación, cargándote las tarifas promocionales».

Felipe Navío también avanzó que su asociación recomendará tanto al Gobierno central como el balear el establecimiento de un nuevo valor fijo anual para subvencionar los vuelos entre la Península y Balears, especialmente las rutas más importantes, en vez de seguir con la apuesta de incrementar los descuentos aéreos. En su opinión, calculando un valor fijo de subvención cada año y no de porcentaje, que se podría variar en función del petróleo y de los costes más relevantes, se acabaría con las críticas que reciben ahora las compañías aéreas, que, como han afirmado organizaciones de consumidores y algunos partidos políticos, «suben las tarifas al elevarse las subvenciones y así ganan más dinero».

Navío considera esta «fórmula válida», sobre todo en las rutas «dominantes», como los vuelos con Madrid y Barcelona, y serviría además para «acabar con el debate sobre la necesidad de crear la obligación de servicio público en los vuelos Península con Balears». En este sentido, mostró su posición contraria a declarar más servicios públicos, porque estas declaraciones «se cargan las tarifas promocionales, tienen una rigidez tremenda y obligan al usuario a volar en la tarifa máxima, como ha sucedido en los tráficos interinsulares de Balears». «Los servicios públicos no contribuyen al libre juego del mercado, como sucede ahora entre Balears y la Península», señaló.