Los hoteleros todavía adeudan 50 millones de euros de la ecotasa

Hace un año, el Parlament aprobaba la derogación de la ecotasa, con la abstención de Unió Mallorquina, tras estar vigente desde el uno de mayo de 2002, cumpliendo así el PP uno de sus principales compromisos electorales. Esta decisión motivó, que un mes más tarde el Consejo de Ministros acordara desistir del recurso de inconstitucionalidad planteado ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley del impuesto turístico balear. Pasado un año de la derogación del impuesto turístico, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Pressuposts tiene todavía pendiente de cobro de los hoteleros de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera más de 50 millones de euros, que representa el 62 por ciento del total contraído en el período de aplicación de la ecotasa (80.510.644 de euros). Las patronales hoteleras de las Islas, especialmente la Federación Hotelera de Mallorca, consideró en su día que la derogación de la ecotasa y la retirada del recurso del Gobierno central ante el Constitucional no interferiría en las impugnaciones que en su día presentaron los hoteleros de las Islas sobre las liquidaciones del impuesto. «Todo sigue igual y las impugnaciones las resolverá el Tribunal Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears», apuntaban desde la patronal hotelera mallorquina.

Los asesores jurídicos de los hoteleros han defendido que las patronales impugnaron el reglamento de desarrollo de la Ley del impuesto turístico, cuestionando su constitucionalidad y alegando errores de forma, por lo que no existe ningún problema para que estos recursos continúen su tramitación, dado que se derivan del recurso contra el reglamento y no del recurso que presentó el Gobierno. Esta actitud de los hoteleros provocó a principios de este año diversas reuniones entre sus representantes y el conseller d'Economia, Hisenda i Pressuposts, Lluís Ramis de Ayreflor, con el fin de llegar a un acuerdo y poder propiciar el pago aplazado de la deuda pendiente. Pese a esta política de «buenas intenciones» del Govern balear, ya que ha dado de plazo hasta mediados de 2005 para hacer efectivos los cincuenta millones de euros pendiente de pago por parte de hoteleros de las Islas, hay empresarios turísticos que se niegan a hacerlo, ya que seguirán adelante con sus recursos hasta llegar al Constitucional, según indican desde las patronales hoteleras de Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera.