El fiscal de medio ambiente ha solicitado al Juzgado de Instrucción
número 1 de Eivissa un informe pericial para evaluar el posible
daño ambiental causado por la construcción de la mansión de Cretu
en lo alto de una cima en Santa Agnès, declarada Àrea Natural de
Especial Interés (ANEI) por la Ley de Espacios Naturales (LEN).
Este documento técnico se incorporará como prueba en las
diligencias que se instruyen en Eivissa por la vía penal para
depurar responsabilidades ante un supuesto delito contra la
ordenación del territorio y también el medio ambiente.
La Fiscalía ha presentado esta solicitud a la vista del
contenido del auto del 1 de septiembre dictado por el Juzgado de
los Contencioso Administrativo número uno de Palma de Mallorca en
el que ordena al Ayuntamiento de Sant Antoni a que ejecute su
demolición en un plazo de 18 meses, desestimando así la petición de
Cretu de legalizar la mansión al amparo de la 'amnistía'
urbanística incluida en ley de acompañamiento de los presupuestos
de la comunidad.
Este auto, según el fiscal, hace hincapié en el valor natural
del lugar. Por ello, ha solicitado la prueba pericial para
verificar si realmente pueden existir indicios de que se haya
cometido un delito ecológico, al margen de la supuesta infracción
urbanística. Este informe aportará pruebas para determinar si la
construcción de la mansión supuso un daño a los elementos
determinantes (ecológicos, geológicos y paisajísticos) del espacio
protegido.
La juez sostiene en el citado auto que la vivienda se situó no
sólo encima de la cota 200, sino en «un emplazamiento inadecuado» a
tenor de lo que determina la Ley de Espacios Naturales, en este
caso la prominencia del terreno. El Ayuntamiento de Sant Antoni ya
ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de
Balears (TSJB) contra esta resolución judicial. El alcalde de Sant
Antoni, José Sala, indicó hace unos días a este periódico que la
mansión del músico rumano «no causa ningún perjuicio al
entorno».
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