EUGENIO RODRÍGUEZ12/09/04 0:00
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El músico rumano Michel Cretu no es el único que ha iniciado los trámites para legalizar su mansión al amparo de la controvertida ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad, pero casi se ha quedado solo. Por ahora, según ha podido saber este periódico, existe otro ciudadano de la isla que intenta aprovechar la norma para legalizar su casa. Se trata de una vivienda unifamiliar situada en la zona de Sant Miquel. Al parecer, según el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, el propietario «pretende cubrir una equivocación del proyecto para que la vivienda no se quede fuera de ordenación».

En este mismo ayuntamiento, otras dos personas se han interesado en la posibilidad de hacer uso de esta ley para legalizar su casa, aunque aún no han presentado ninguna solicitud expresa, ni proyecto alguno. La norma obliga a presentar un proyecto, con un aval, para restaurar el paisaje del entorno. El resto de ayuntamientos de la isla, consultados por este periódico, no han recibido ni una sola demanda.

La norma (Disposición Adicional 18 de la ley de acompañamiento de los presupuestos) permite, sólo en la isla de Eivissa, la legalización de aquellas construcciones levantadas en su día sin licencia por encima de la cota 200 que no sobrepase la 250 siempre que no se encuentren dentro de la franja de los 250 metros siguientes a la ribera del mar, no se encuentre dentro de la zona A señalada en las Normas Subsidiarias dictadas por el Govern el 26 de julio de 1990 y, a su vez, se presente el correspondiente proyecto y aval para restaurar el paisaje del entorno de la vivienda.

Esta disposición se hizo prácticamente a medida de la mansión de Michel Cretu para evitar la ejecución de la sentencia de demolición y el pago de indemnizaciones al compositor rumano por daños y perjuicios, lo que podría llevar al Ayuntamiento de Sant Antoni a la bancarrota. Con esta ley en la mano, Cretu solicitó al Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma de Mallorca la suspensión de la ejecución de la sentencia ante la posibilidad de legalizar la vivienda.