Ambas condenas, además, llevarían parejas multas que en su
conjunto se elevarín a más de 113.000 euros. Sólo por el primer
delito por el que responde el particular procesado se reclama el
pago de 81.000 euros.
El juzgado, a instancias del ministerio público con carácter de
urgencia, también ha tramitado como medida cautelar el
requerimiento inmediato para que lo antes posible se elimine
cualquier obstáculo que ilegalmente se haya colocado y que no deje
expedita la servidumbre de tránsito a Cala Saladeta, playa a la
que, tras su cerramiento unilateral presuntamente hecho por este
particular, sólo era accesible por mar.
El juez también insta al Ayuntamiento de Sant Antoni a que tome
medidas e intervenga para comprobar que el acusado no cumple con lo
dictaminado. En este mismo apartado se anuncia que el encausado
puede incurrir en un nuevo delito, el de desobediencia grave, si no
actúa, todo ello bajo la supervisión y aprobación del Ayuntamiento
de Sant Antoni. La investigación emprendida por la Fiscalía se
inició tras la denuncia presentada por un ciudadano que informó de
la imposibilidad de acceder a la playa afectada. La investigación
que posteriormente se efectuó acreditó la instalación sin
autorización de un vallado continuo de tela metálica con base de
piedra hormigonada. En esta misma investigación, también se
verificó la edificación de una pared de dos metros y medio,
intercalada con una puerta de hierro con dos cadenas en otra zona
de servidumbre. Ambos cerramientos hicieron que desde fuera de la
finca adquirida fuera imposible llegar por tierra a Cala
Saladeta.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.