C. Alcántara02/08/04 0:00
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Rosa Velasco empezará a administrar la medicación a dos enfermos mentales una vez que se subsanen los tramites burocráticos necesarios. La trabajadora social se encargará también de facilitarles la asignación económica una vez que se hayan tomado la medicación necesaria para su tratamiento. «Queremos que se mediquen, porque una vez que lo hagan van a tener una actitud normalizada», afirma.

A través del 'incentivo' económico se busca conseguir un mejor bienestar para la salud de la persona, a través de la medicación, y que, además, acudan al centro de rehabilitación psicosocial, sede de la Fundación Aldaba, para que se relacionen con más personas y no estén deambulando.

Esta actividad forma parte del trabajo que realiza Rosa Velasco en la Fundación Aldaba, una entidad que firmó hace un año un convenio de colaboración con el Consell, la institución encargada de tutelar pero que no contaba con el personal adecuado para hacerlo, para llevar a cabo el Programa Interinstitucional de acción tutelar de personas adultas en Eivissa y Formentera.

El trabajo de Aldaba comenzó con las tres personas tuteladas por el Consell, que se encuentran en Palma debido a que padecen una enfermedad mental ya que en Eivissa no hay recursos para ellos. La intención es que puedan volver a Eivissa una vez que el Consell disponga de los pisos tutelados, ya que sus familias se encuentran residiendo en la isla.

Las siete personas que actualmente están tuteladas por esta Fundación en Eivissa son enfermos mentales, «pero también hay personas mayores o personas con enfermedades puntuales como un drogodependiente, un ludópata o un anoréxico que tampoco puede controlar su vida», precisa Velasco. El servicio está encaminado a la protección efectiva de las personas incapacitadas judicialmente, o susceptibles de serlo, sin familia o en situación de desamparo al que los jueces pueden encomendar el ejercicio de funciones tutelares.

La tutela abarca desde la parte económica a la social: «Proveerle unos recursos mínimos, como techo, alimento y recursos sociales hasta administrarle la medicación». La curatela se aplica sólo al tema económico, la administración de sus propiedades. En definitiva, se trata de cuidar a las personas protegidas procurándoles un alojamiento adecuado y la atención de sus necesidades cotidianas: alimentación, higiene, vestuario, ocio, salud o la administración de bienes, velando para que cumplan sus obligaciones y les sean respetados todos sus derechos.

La Fundación asume la tutela de la persona una vez que el juez declara la incapacidad de la persona. Desde ese momento, la relación entre ambas instituciones ha de ser fluida. «Tenemos que presentar cuentas bancarias, justificar lo que hacemos y la compra o venta de piso, que no es muy habitual, se tienen permisos especiales», explica Rosa Velasco. Una vez al año se ha de dar cuenta de la gestión de los bienes al juez.