El juez descarta imputar a Cretu hasta que no se resuelva la 'legalización' de su casa

Cretu ha solicitado al TSJ, que dictó sentencia firme de demolición, la legalización del inmueble al amparo de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad, en vigor desde el 1 de enero, que incluye una disposición a medida para salvarlo. De eso hace ya unos meses, y el juez aún no se ha pronunciado.

Paralelamente a este contencioso administrativo, el fiscal abrió una investigación para depurar posibles responsabilidades penales en la construcción de la mansión. El fiscal dio entrada en los juzgados de Eivissa hace poco más de un mes una petición para que el juez tomara declaración a Cretu y al arquitecto como imputados, pero el juez ha resuelto que hasta que no se pronuncie el TSJ en la vía contenciosa (decida si la mansión debe echarse abajo o si por el contrario permite su legalización al amparo de la controvertida ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad) no llamará a declarar a nadie.

Para legalizar la mansión, siempre y cuando el TSJ lo permita, Cretu debe remitir un proyecto para ello al Ayuntamiento de Sant Antoni en el que se incluya un plan de restauración paisajística y un aval para garantizar su ejecución. Cretu ha cursado la petición de legalización al juez, aunque aún no ha entregado el proyecto en el Ayuntamiento.

La disposición incluida en la ley de los presupuestos de la comunidad, exclusiva para Eivissa, especifica que las viviendas aisladas existentes en el área de protección territorial de la costa pueden ser legalizadas, sea cual sea la calificación rústica de los terrenos, si están entre la franja de 250 y 500 metros del mar, por debajo de la cota 250 y no estén en un área de es Amunts.