La nueva norma da carta legal al contenido del Plan de
Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), declarado nulo por los
tribunales, y, por ejemplo, califica como urbano el plan parcial de
ses Torres, denunciado por Esquerra Unida ante los tribunales y
cuyo proceso penal se mantiene abierto. La norma provisional
incorpora, además, como suelo urbano el sistema dunar de Cala Nova
donde se construyó un restaurante al amparo de una licencia
municipal. El juez, a raíz de una denuncia presentada por Amics de
la Terra, ordenó en su día paralizar esta construcción. Esta causa
también sigue abierta.
El concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Vicent Riera,
defiende, en cambio, que esta norma es «más restrictiva que el
PGOU», que, a su entender, era «demasiado desarrollista». Dice,
además, que la normativa sólo contempla «el suelo urbano
consolidado», sin dejar de lado que se trata de «una norma
provisional». No obstante, el Pacte denuncia que el Consell ha
admitido una alegación a la norma para calificar ahora como suelo
urbano una masa boscosa de 50.000-60.000 metros cuadrados en can
Fornet. El portavoz del Pacte en Santa Eulària, Carlos Salinas,
apuntó que los promotores del terreno acometieron dos caminos en la
zona, «supuestamente de manera ilegal», cuando se debatía si el
PDSU era aplicable o no, para que ahora se pueda decir que la zona
está consolidada. Por otra parte, la zona de Can Castelló se ha
quedado fuera del ámbito urbano del municipio, por lo que el
Ayuntamiento deberá reinicar los expedientes de infracción
urbanística.
El Pacte también denuncia que a última hora el PP ha incluido en
la norma una serie de prescripciones, una de ellas para proteger 15
edificaciones de la urbanización de Can Pep Simó mientras no se
vuelva a iniciar de nuevo un expediente BIC. Cabe recordar que el
gobierno insular del PP declaró recientemente la nulidad del BIC
iniciado durante la época del Pacte.
Los progresistas entienden que estas modificaciones suponen un
cambio sustancial de la norma que obliga a iniciar un nuevo periodo
de exposición pública para que los afectados puedan presentar
alegaciones. El Consell entiende, sin embargo, que ya se han
seguido todos los pasos legales y que la aprobación definitiva de
la norma provisional ni siquiera debe pasar por el pleno.
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