El Govern prohibirá fumar en centros de trabajo, locales
comerciales, y en los restaurantes y bares deberán crearse zonas
para fumadores. Estas prohibiciones comenzarán a aplicarse cuando
el Parlament apruebe el proyecto de ley de drogas, es decir, la
normativa podría aplicarse ya a principios de 2005. «Hemos de ser
drásticos», anunció ayer la consellera de Salut, Aina Castillo,
durante la presentación del proyecto de ley aprobado por su
departamento, cuyo contenido ya fue anticipado por Ultima Horahace
algunas semanas.
La norma deberá aplicarse a rajatable y el Govern prevé multas que
oscilarán entre los 6.000 y un millón de euros para el
incumplimiento de las normas «anti tabaco». En los restaurantes y
bares deberán crearse zonas para los fumadores. Castillo explicó
que esta normativa ya ha sido consensuada con el sector de la
restauración para que tome medidas antes de la aplicación de la Ley
de Drogas. El proyecto deja muy claro que existirá el derecho de
preferencia de los no fumadores frente a los fumadores.
El Govern no contempla ningún periodo transitorio para la
entrada en vigor de las normas «anti tabaco». Cuando el Parlament
apruebe la Ley de Drogas, quedará prohibido fumar en la
Administración pública, en centros sanitarios y educativos, centros
infantiles y de ocio, así como en centros comerciales, oficinas de
entidades financieras, locales donde se manipulan o venden
alimentos (bares, restaurantes, supermercados y mercados), salas de
cine, teatros y espectáculos, bibliotecas y museos, instalaciones
deportivas cubiertas, vehículos y medios de transporte colectivos,
ascensores y lugares de trabajo en locales cerrados. Además, la
publicidad relacionada con el tabaco no podrá ser visible desde los
centros educativos y sus mensajes no pueden estar asociados a una
mejora del rendimiento físico o psíquico, al éxito social ni a
efectos terapéuticos.
En los puestos de trabajo de las empresas de Balears podrán
crearse zonas para fumadores, pero no es obligatorio. «Hay que
poner solución a este problema sanitario», recalcó la consellera
Castillo. La Conselleria de Salut recurrirá a sus inspectores para
garantizar que se cumpla la nueva ley.
En caso de incumplimiento, el anteproyecto de ley contempla tres
grados de sanciones. Estarán consideradas infracciones leves cuando
haya incumplimiento sin tener una repercusión leve en la salud. Las
multas podrán ascender hasta los 6.000 euros. La Ley de Drogas
considera infracciones graves no incumplir las obligaciones de
suministrar datos o información.
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