El Consell aprobó ayer en pleno por unanimidad una propuesta
presentada por el equipo de gobierno para reclamar al Gobierno
central que suba el descuento para residentes de los vuelos entre
islas y a la península del 33 al 50 por ciento. El PP reconoce así
que el servicio público de los vuelos entre islas no es suficiente
para paliar el problema del alto coste del transporte aéreo.
En esta misma propuesta, el Consell incluye reclamar al gobierno
de Zapatero que desarrolle el régimen económico especial para los
archipiélagos previsto en la ley de Puertos, y que, entre otras
ventajas, contempla bonificaciones en las tasas de hasta el 100%,
que, según el conseller insular de Transport, Diego Guasch, «debe
servir para reducir las tarifas de los pasajeros». También pide que
la línea marítima entre Eivissa y Formentera y entre esta última
con la península se declare de interés público y, con ello, se
fijen unas frecuencias diarias o semanales mínimas y se aplique un
reglamento de bonificaciones.
El Pacte criticó duramente la incoherencia del PP al presentar
ahora esta propuesta cuando su partido ya no gobierna en Madrid. La
portavoz de los progresistas, Pilar Costa, recordó que el pasado 28
de agosto su grupo presentó una moción para elevar al 50% el
descuento de los vuelos y que el PP hizo valer su mayoría para
rechazarla. Lo mismo pasó hace menos, el 26 de enero, cuando Diego
Guasch también en un pleno aseguró que «no tenía sentido» y que
«sería un despilfarro subvencionar este tipo de líneas». «Me da
vergüenza», subrayó Costa, que, entre risas, llegó a decir: «Hay
motivos para que les den por delante, por detrás y por en medio».
Pilar Costa aseguró que antes de las elecciones el equipo de
gobierno defendía lo contrario por «la presión que sufría del
gobierno de Aznar». También recordó que el ahora diputado Enrique
Fajarnés convocó una rueda de prensa el pasado mes de septiembre
para anunciar a bombo y platillo que la nueva ley de puertos
preveía bonificaciones de hasta el 100%. «Vaya moto nos vendió»,
recalcó ayer Costa, que puntualizó que esta ley prevé un plazo de
seis meses que expira en las próximas semanas para desarrollar este
régimen económico espe-
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