E. R.08/04/04 0:00
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El Grupo Progressista del Consell Insular también piensa presentar ante Fiscalía una denuncia por la destrucción desafareig y la caseta anexa al molino de agua de Villa Abel, en la zona de Can Raspalls (Sant Jordi), protegido mediante la figura de Bien Catalogado al final de la pasada legislatura. El Pacte ya presentó recientemente una denuncia ante el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Balears por las supuestas irregularidades cometidas por el conseller insular de Patrimonio, Joan Marí Tur, en la construcción de una casa en una finca de su propiedad en el ámbito del parque natural de Cala d'Hort. E safareig y la caseta anexa al molino se destruyeron por las obras de construcción de nuevos viales en Can Raspalls. Eso sucedió después de que el anterior gobierno del Pacte iniciara el expediente de protección de 33 molinos de agua del Pla de Sant Jordi y sus instalaciones anexas.

Antes, el gobierno del Pacte instó al Ayuntamiento de Sant Josep, a raíz de la denuncia de un vecino, a que paralizase las obras por el desmantelamiento de las aspas del molino. Al parecer, un golpe de viento tiró una parte de las aspas y, según el encargado de la obra, se retiró el resto para evitar que pudiera caer sobre alguna persona. En el momento de la denuncia y de la orden de paralización de las obras tan sólo se habían desmantelado las aspas, que, tal como comprobó el celador de Patrimonio, se conservaban desmontadas en el pie del molino. Sin embargo, los operarios, una vez se retomaron las obras, se llevaron por delante esafareig.

El Consell pidió la paralización de las obras el pasado 15 de mayo. El molino ya no contaba entonces con las aspas del molino. El 23 de mayo se inició el expediente de protección y fue el 21 de julio cuando el grupo progresista presentó una denuncia por la destrucción desafereig y la caseta anexa al molino, protegidos por la figura de Bien Catalogado. El Pacte recuerda que la ley de Patrimonio determina que la incoación del expediente comporta «la aplicación del régimen de protección establecido». El Código Penal prevé penas de prisión de seis meses a tres años, multa de 12 a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años para los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, cultural o monumental. Por ello, el grupo progresista del Consell considera que la destrucción desafareig podría ser constitutivo de un delito penal en contra del patrimonio histórico.