M.A./EFE
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Eivissa, Pedro Campillo, aseguró ayer que el Consistorio «adoptará todas las medidas legales posibles para evitar que se abra la discoteca en la Avenida de Santa Eulària». El edil dejó claro que están «al lado de los vecinos y comerciantes de la zona» y que son conscientes de los múltiples problemas que ocasionaría la apertura de este establecimiento en cuanto a ruido y aparcamiento, entre otras cosas.

Por otra parte, Campillo y el concejal de Urbanismo, Vicent Torres, acusaron de mentir al conseller insular de Interior, Comercio, Industria y Nuevas Tecnologías, Diego Guasch, en lo que se refiere a la existencia de una sentencia judicial que instaba a continuar con el expediente de este establecimiento y a remitirlo a la comisión de actividades clasificadas. El primer teniente de alcalde aseguró que la única sentencia que existe se refiere al Ayuntamiento de Eivissa y que en ningún caso «obliga a nada al Consell».

Los concejales reiteraron que el Pacte «siempre ha dado la cara» en este asunto y recordaron que el expediente se inició en 1999 cuando gobernaba el PP y estaba al frente del Consistorio el que ahora es vicepresidente del Consell, Enrique Fajarnés. Asimismo, afirmaron que fue «un marrón» con el que el equipo de gobierno municipal del Pacte Progressista se encontró al llegar al poder. Según Campillo, «en aquel momento la licencia estaba prácticamente dada» y fue el gobierno progresista «el que paralizó su apertura». Sin embargo, los promotores de la sala de fiestas recurrieron a los tribunales, que obligaron al Consistorio a trasladar el expediente al Consell.