Por otra parte, Campillo y el concejal de Urbanismo, Vicent
Torres, acusaron de mentir al conseller insular de Interior,
Comercio, Industria y Nuevas Tecnologías, Diego Guasch, en lo que
se refiere a la existencia de una sentencia judicial que instaba a
continuar con el expediente de este establecimiento y a remitirlo a
la comisión de actividades clasificadas. El primer teniente de
alcalde aseguró que la única sentencia que existe se refiere al
Ayuntamiento de Eivissa y que en ningún caso «obliga a nada al
Consell».
Los concejales reiteraron que el Pacte «siempre ha dado la cara»
en este asunto y recordaron que el expediente se inició en 1999
cuando gobernaba el PP y estaba al frente del Consistorio el que
ahora es vicepresidente del Consell, Enrique Fajarnés. Asimismo,
afirmaron que fue «un marrón» con el que el equipo de gobierno
municipal del Pacte Progressista se encontró al llegar al poder.
Según Campillo, «en aquel momento la licencia estaba prácticamente
dada» y fue el gobierno progresista «el que paralizó su apertura».
Sin embargo, los promotores de la sala de fiestas recurrieron a los
tribunales, que obligaron al Consistorio a trasladar el expediente
al Consell.
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