Sant Antoni da tres meses a Cretu para que presente un plan de demolición

El alcalde de Sant Antoni, José Sala, aseguró ayer a este periódico que con la adopción de esta medida, amparada en un dictamen jurídico, el Ayuntamiento cumple con la sentencia judicial, que, según el primer edil, fijó un plazo de dos meses (el día 17 se acaba el plazo) «para iniciar el proceso de demolición». El Ayuntamiento también informará al juez de la actuación realizada.

El propietario de la mansión seguramente recurrirá esta decisión, lo que puede abrir un proceso judicial paralelo que puede retrasar considerablemente la ejecución de la sentencia. «La ejecución de una demolición es un procedimiento independiente que tiene muchas otras connotaciones distintas a lo que es la anulación de la licencia», justificó Sala. «Una demolición comporta muchos flecos que lo convierte en un procedimiento independiente», aclaró el alcalde.

Sin entrar a valorar la capacidad económica de Cretu, Sala recuerda, por ejemplo, que «toda persona afectada por un desahucio tiene derecho a pedir un aplazamiento de hasta un año». Si el Consistorio finalmente se ve obligado a echar abajo la casa, sin descartar su legalización al amparo de la medida especial incluida en la ley de los presupuestos de la comunidad, que se aprobará el día 18, entonces se valorará, según Sala, la posibilidad de pedir que la ejecución de la sentencia quede sin efecto por el grave perjuicio que ocasionaría al erario público.