El portavoz del Pacte de Sant Antoni, Joan Marí Serra, afirmó
también que no se puede permitir que una institución como el
Consistorio se refugie en una disposición adicional de la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos de la comunidad balear para «no
cumplir con su obligación» y eludir una sentencia firme, que los
progresistas consideran «irrevocable».
Las «presuntas modificaciones legales», según Sala, a las que
Serra alude en su escrito «no han sido tomadas en consideración en
las actuaciones emprendidas» y, si se producen, «se actuará en
consecuencia con los asesoramientos jurídicos».
A juicio de Sala, el Pacte promueve la apertura de otras
investigaciones paralelas «con fines exclusivamente políticos para
crear confusión en la ciudadanía y sin tener en cuenta los
intereses de Sant Antoni».
El alcalde actual se muestra convencido de que los políticos
implicados en el caso actuaron al amparo de informes técnicos y
remarca que estos técnicos «emitieron pareceres fundados en el
derecho y de discutida interpretación, de modo que ni a unos ni a
otros podrán exigirles responsabilidad alguna» y serán los
ciudadanos de Sant Antoni «los que tendrán que afrontar las
consecuencias que se deriven de la ejecución de la Sentencia».
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