Vista general de una parte de la mansión de Michel Cretu en lo alto de una cima en Santa Agnès.
El alcalde de Sant Antoni tiene muy claro que dentro de los dos meses fijados por el juez no se va a comenzar a demoler la casa, al margen de la disposición adicional incluida en la ley de presupuestos de la comunidad para legalizar viviendas ilegales, incluida la mansión de Cretu, que aprobará el Parlament el próximo 18 de diciembre. «Es imposible», destaca y especifica a renglón seguido que para ejecutar una demolición hay que redactar un proyecto previo, entre otras cosas. «Nosotros entendemos que en un plazo de dos meses deben comenzar los trámites para ejecutar la sentencia», dice el primer edil. El plazo dado por el Tribunal Supremo de Justicia de Balears expira el 17 de diciembre.
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