En el momento de la exposición pública del proyecto, el entonces
alcalde de Formentera, Isidor Torres (COP), valoró el proyecto
asegurando que se trataba de la respuesta a «una demanda efectuada
por el Consistorio a Costas en octubre de 1999» y que era precisa
una «intervención urgente en un lugar emblemático de Formentera
que, además, está dentro del área de la Reserva Natural de Ses
Salines»; Torres avanzaba que la habilitación del carril bici
«comportará asimismo la recuperación del circuito hidráulico de ses
Salines y la rehabilitación de las parets seques de la zona».
Cuando todo parecía avanzar, a finales de febrero comenzaron las
voces de protesta por parte de algunos vecinos de la zona que
temían no poder acceder a sus viviendas, con el PSOE como principal
fuente crítica en el seno de la COP, y muy especialmente desde el
GOB, que se oponía frontalmente al proyecto por considerar que la
zona debía ser protegida. Por su parte, el presidente del PP de
Formentera y actual alcalde, Juanma Costa, afirmó que había sido su
partido el que había pedido dicho proyecto al ministro Matas y
señaló que dicho carril bici había sido presentado en una «reunión
privada a la Pime de Formentera, a la Asociación Empresarial
Hotelera de la isla y a los afectados por el Deslinde de Costas,
que mostraron su conformidad al mismo». Costa calificó de
barbaridades las declaraciones del GOB sobre el carril bici y
aseguró que la protección estaba asegurada.
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