La Audiencia Provincial dictó el 30 de junio un auto que resuelve
favorablemente el recurso presentado por Esquerra Unida en contra
de la suspensión del procedimiento penal, en aplicación de la
prejudicialidad administrativa, del caso de la urbanización de ses
Torres. La Audiencia Provincial ha anulado los autos de 5 de
octubre y 10 de diciembre de 2002, que fueron recurridos por EU,
por lo que instrucción de la causa se retomará de nuevo en el
juzgado de instrucción número 4 de Eivissa.
Este mismo auto, según explicó ayer en rueda de prensa el
diputado de EU, Miquel Ramon, también rechaza el recurso presentado
por la promotora Lloma Talamanca para levantar la suspensión de las
obras. «Desestimar el recurso interpuesto por Lloma Talamanca y
confirmar y mantener en su consecuencia la orden de precinto y
paralización de obras», dice el auto.
Miquel Ramón aseguró ayer que EU volverá a reclamar a través del
Fiscal que vuelvan a declarar el alcalde de Santa Eulària, Vicent
Guasch, y el secretario del Consistorio, Enrique Barrera. «Pensamos
que sus declaraciones [el 25 de julio del año pasado ambos
prestaron declaración ante el juzgado número 4 de Eivissa] fueron
anuladas de forma arbitraria», indicó.
Cuando el expediente llegue a Eivissa, previsto en un plazo de
varias semanas, EU pedirá que Guasch y Barreda presten de nuevo
declaración en calidad de imputados, así como a «todas las personas
que, con intervenciones ilegales, permitieron que se iniciara la
construcción de una urbanización en suelo rústico».
EU lamenta que se ha perdido un año de instrucción de la causa y
reclama al Ayuntamiento de Santa Eulària que deje de obstruir las
acciones de la justicia y que de una vez aporte el documento
oficial de la certificación urbanística en la que el secretario de
la Corporación reconoce, «con el visto bueno del alcalde», que
según el Plan General las Torres es suelo rústico.
El Ayuntamiento, dice Ramon, mantiene que ha perdido esta
certificación, que tiene registro de salida. «Es escandaloso. Hasta
han llegado a decir que a lo mejor este documento no existía y que
era una invención mía», subrayó.
Ahora que se reabre el caso, indica el diputado de EU,
«esperamos que el juez no permita que el Ayuntamiento tome el pelo
de esta manera a los ciudadanos y a la justicia».
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