El presidente electo del Consell Insular, Pere Palau, mantiene en
secreto cómo se van a distribuir las distintas áreas de la máxima
institución insular. «Si dijera que no lo tengo pensado nadie se lo
creería, pero aún es pronto para avanzar nada», dice. El nuevo
Parlament se constituirá a partir del próximo día 19 (la fecha
depende del presidente Antich), después se realizará la investidura
del nuevo presidente, lo que dará vía libre a la formación del
nuevo gobierno del Consell Insular, seguramente a finales de junio
o principio de julio.
La constitución del Parlament, según Palau, condicionará el
equipo de gobierno del Consell Insular, en función de que Matas
llame a algún ibicenco a ocupar alguna conselleria del Govern. Por
el momento, Palau sólo da por sentado que Enrique Fajarnés, el
número dos de la lista, mantendrá su cargo en el Senado y, por
incompatibilidad, no podrá estar en el Parlament. Palau considera
esencial la figura de Fajarnés para mantener línea directa con el
Gobierno central. «Fajarnés garantizará la buena relación con
Madrid», subraya. Según la Ley Electoral de Balears, Enrique
Fajarnés no puede ocupar el cargo de diputado y de senador, por lo
que debe renunciar a uno de ellos. Así lo ha hecho, por ejemplo, la
portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, Rosa
Estaràs, que presentó su dimisión como miembro de la Cámara baja
para poder integrase en el Parlament balear.
El PP se sustenta en el Estatuto de Autonomía, según explica el
presidente del PP en las Pitiüses, José Juan Cardona, para evitar
que Enrique Fajarnés tenga que ocupar un cargo de diputado del
Parlament, lo cual es incompatible con el de senador. «Los
consellers insulares pueden renunciar a la condición de diputado
sin perder la condición de consellers», dice el artículo 37.4 del
Estatuto. Sin embargo, la duda está en saber si para ser conseller
insular, Fajarnés tiene que jurar primero su cargo como diputado en
el Parlament para después presentar su renuncia. «Hay dos
posibilidades que renuncie antes o lo haga después, e imagino que
por el principio de economía procesal se hará lo primero», explica
José Juan Cardona.
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