El encierro de los inmigrantes en Santa Cruz, que duró 18 días, comenzó el 25 de mayo de 2001.

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C.A./ J.J.M.
La Plataforma por la Convivencia calcula que unos 200 inmigrantes de Eivissa siguen esperando que la administración resuelva su proceso de regularización. Algunos de ellos llevan esperando desde hace varios años, incluso desde el encierro de la iglesia de Santa Cruz de Eivissa que comenzó en mayo de 2001. «La situación está bastante paralizada en la Delegación del Gobierno de Palma y alegan que es por falta de personal», dice Carmen Duarte, de la Plataforma por la Convivencia, que reúne a diferentes colectivos que trabajan con inmigrantes. Duarte incidió en la delicada situación de este colectivo: «Algunos llevan tres años sin papeles y están con el temor de que los detengan y los expulsen», dijo. A esto se suma el desconocimiento acerca del proceso. «Los inmigrantes no tienen información acerca de cómo se encuentran sus trámites. Nadie les explica el motivo de la tardanza. Los canales de comunicación están cerrados», añadió.

Ante esta situación, la Plataforma por la Convivencia aprovechó la semana pasada un acto público de la adjunta al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, para exponerle su preocupación por esta situación. «Nos dijo que va a haber un plan de choque», recordó Duarte.

Cava de Llano visitó a los inmigrantes en el encierro de la iglesia de Santa Cruz en mayo de 2001 interesándose por la situación que padecía el colectivo. La adjunta al Defensor del Pueblo medió con el Ministerio del Interior para incluir en el proceso de regularización a los que acrediten estar en España antes del 23 de enero de 2001, fecha de entrada en vigor de la Ley de Extranjería. Los inmigrantes protagonizaron un encierro de 18 días en la iglesia en 2001 para exigir la regularización de los inmigrantes que trabajan sin papeles en Eivissa y Formentera y la dinamización de los expedientes paralizados en la Oficina de Extranjería de Palma.

Lejos de resolver la situación tras aquel encierro, la resolución de los procesos se realiza a cuentagotas lo que ha provocado el malestar entre los colectivos sociales que trabajan con inmigrantes ya que no sólo padecen una situación de indefensión, sino que también se encuentran con problemas para encontrar un trabajo debido a que no tienen autorizada la residencia en España, un obstáculo para encontrar trabajo en las islas.