Todos los grupos políticos coincidieron en la necesidad de
establecer la obligatoriedad de servicio público en las rutas que
enlazan Balears con la península así como en las interinsulares,
consenso que no se hizo extenso a los «plazos y medidas». El
senador del PP por Menorca, José Seguí hizo alarde del gasto
destinado a subvenciones en Balears, así como a la «excelente
acogida» que tuvo en 1998 el descuento del 33 por ciento en los
billetes «que al final no supuso ninguna ventaja para los isleños
que vieron cómo las compañías aéreas aprovecharon para subir las
tarifas».
Seguí tachó de «incompleta» la petición del Govern que
solicitaba una declaración parcial de rutas de servicio público en
las Islas y aprovechó para pedir la constitución de una comisión
mixta para tratar las tarifas máximas y traslados urgentes de
determinados colectivos. El Grupo Mixto, representado por Manuel
Cámara, recordó que la obligación de iniciar las negociaciones para
alcanzar dicha obligatoriedad ya se aprobó en 1997
El PP no quiso incorporar a su texto una enmienda de este grupo
en la que proponía añadir «de común acuerdo con el Govern balear»
así como «en la singularidad insular reconocida por la propia
Constitución española». Los socialistas a través de su portavoz,
Ramón Socías, apostaron en su enmienda por «garantizar las
frecuencias y establecer el control de las tarifas, de acuerdo con
las repetidas peticiones hechas desde el Govern», y en concreto por
«las frecuencias interinsulares y las conexiones entre Menorca y
Eivissa con la península» en el plazo de tres meses.
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