La providencia del TSJB es, en cualquier caso, el primer escollo
que han superado los representantes del PP ya que ahora debe ser el
Tribunal Supremo quien decida si acepta tramitar el recurso de
casación. En principio, la sentencia del TSJB era firme y contra
ella no cabía ningún tipo de recurso ya que se trata de una norma
que afecta a derecho autonómico.
No obstante, el TSJB ha decidido elevar el caso ya que el
recurso del PP afirma que se ha vulnerado tanto la Constitución -y
por lo tanto derecho estatal- como la Carta Europea de Ordenación
del Territorio, o lo que es lo mismo, derecho europeo. La
aceptación del recurso significa que, en estos momentos, las
moratorias aprobadas por los consells, y particularmente la de
Eivissa, vuelven a no ser firmes.
El conseller del PP en el Consell d'Eivissa i Formentera Josep
Juan Cardona destacó precisamente que la sentencia del TSJB que da
validez a las moratorias de los consells no es definitiva porque
falta por conocerse la resolución del Supremo. Para Cardona, se
trata de una buena noticia ya que el PP no estaba de acuerdo con la
resolución dictada por el TSJB.
«Sin desmerecer lo dicho por el TSJB, nosotros disentimos del
contenido de la sentencia», dijo Cardona. El conseller del PP puso
como ejemplo el hecho de que la moratoria prohibe toda edificación
con el fin de preservar el territorio pero, a la vez, excluye las
viviendas de protección oficial.
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