La moratoria aprobada por el Consell en el año 2000 seguirá en los tribunales ante esta nueva decisión.

NEKANE DOMBLAS/R.L.

La providencia del TSJB es, en cualquier caso, el primer escollo que han superado los representantes del PP ya que ahora debe ser el Tribunal Supremo quien decida si acepta tramitar el recurso de casación. En principio, la sentencia del TSJB era firme y contra ella no cabía ningún tipo de recurso ya que se trata de una norma que afecta a derecho autonómico.

No obstante, el TSJB ha decidido elevar el caso ya que el recurso del PP afirma que se ha vulnerado tanto la Constitución -y por lo tanto derecho estatal- como la Carta Europea de Ordenación del Territorio, o lo que es lo mismo, derecho europeo. La aceptación del recurso significa que, en estos momentos, las moratorias aprobadas por los consells, y particularmente la de Eivissa, vuelven a no ser firmes.

El conseller del PP en el Consell d'Eivissa i Formentera Josep Juan Cardona destacó precisamente que la sentencia del TSJB que da validez a las moratorias de los consells no es definitiva porque falta por conocerse la resolución del Supremo. Para Cardona, se trata de una buena noticia ya que el PP no estaba de acuerdo con la resolución dictada por el TSJB.

«Sin desmerecer lo dicho por el TSJB, nosotros disentimos del contenido de la sentencia», dijo Cardona. El conseller del PP puso como ejemplo el hecho de que la moratoria prohibe toda edificación con el fin de preservar el territorio pero, a la vez, excluye las viviendas de protección oficial.