La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) desestimó el pasado 31 de enero el recurso
presentado hace dos años por la compañía Gas y Electricidad S. A.
(Gesa) contra la norma territorial cautelar aprobada por el Consell
el 27 de octubre de 2000. En la sentencia, contra la que no procede
recurso ordinario, el TSJ considera «adecuados al ordenamiento
jurídico» todos los actos administrativos que Gesa impugnó.
La Sala también niega que la obligación de soterrar tendidos
carezca de «motivación», y que la institución obrara «de forma
arbitraria, susceptible de anulación». Y como en las cinco
sentencias previas del mismo tribunal que dan la razón al Consell,
se advierte que «no es admisible decir que [la institución] ha
vulnerado competencias municipales».
Uno de los aspectos más significativos de la sentencia es que
justifica y considera aceptable que la moratoria suspendiera los
tendidos eléctricos en suelo rústico y obligara a soterrarlos hasta
que el Plan Territorial Insular (PTI) detalle qué se puede hacer en
esas superficies. La norma territorial se limita a «dictar una
medida cautelar suspensiva tendente a asegurar la efectividad» del
futuro PTI, se dice en el texto.
El tribunal también rechaza los argumentos de Gesa respecto a
que el Consell carecía de potestad para establecer con libertad las
características de las redes y conducciones eléctricas. En la
sentencia se afirma que en realidad no se regula «de modo alguno»
esas condiciones de las redes «sino que se limita a suspender
cautelarmente el otorgamiento o la eficacia del interés general o
social en determinadas» líneas para así asegurar la «efectividad»
del instrumento de ordenación territorial en proyecto: «En
consecuencia, la competencia del Consell para dictar la medida
cuestionada es innegable», subraya el TSJ
Hasta el momento, el TSJ ha rechazado los recursos presentados
por la sociedad anónima Wallis 21 (con intereses en la urbanización
de es Pouet), los ayuntamientos de Santa Eulària y de Sant Antoni
(ambos regidos por el Partido Popular), los seis consellers del
grupo popular del Consell y la sociedad Puig Gross S. A. La
presidenta del Consell, Pilar Costa, pidió la pasada semana al PP
que depure responsabilidades entre aquellos que hace tres años
acusaron al Pacte de prevaricar por aprobar la norma territorial
cautelar. En el PP estudian si recurrirán las sentencias que les
incumben.
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