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«Si la finalidad de una moratoria urbanística es tomar un respiro para ordenar las cosas de otra manera es buena». Así se pronunció ayer José Almagro Nosete, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que viajó ayer a la isla para impartir las clases de derecho del curso de peritos judiciales organizado por el Colegio Oficial de Aparejadores de las Pitiüses.

El Magistrado no quiso profundizar más sobre la moratoria urbanística del Consell por su falta de información. «No conozco el problema y, por tanto, no lo puedo abordar con seriedad. Desconozco los intereses políticos que pueda haber en juego, pero en principio la idea es buena», dijo.

José Almagro reconoció que en Eivissa, al igual que en otras muchas zonas de la península, se ha producido «un desarrollismo excesivo en un momento determinado», que ha ido en detrimento de la calidad en la oferta turística. «Quizá no se ha construyó con las condiciones necesarias para garantizar la calidad de vida. Quizás se amortizan pronto esas obras y no se renuevan, lo que puede traer un deterioro de la calidad de lo que se ofrece. Hay que enmendar ese problema», destacó

Eivissa, piensa el Magistrado, se encuentra «en una fase de búsqueda de un equilibrio urbano que le permita aumentar la calidad de la oferta que crea en función del turismo que quiere recibir». José Almagro también hizo mención a la maraña legislativa actual. «No es un fenómeno exclusivo de Eivissa», dijo, «se legisla mucho, quizá demasiado. Habría que fundir normas».

El Magistrado asume que este «bosque legislativo» de normas provoca inseguridad jurídica al ciudadano. «Cuántas más leyes haya, menos armonizadas estén y más contradictorias sean, más inseguridad jurídica existe. Ojalá pudiéramos volver a los tiempos en que había pocas leyes y buenas. Es un problema del tiempo que vivimos. La legislación está motorizada. Hasta el punto de que al juez le costa trabajo saber qué normativa aplicar», subrayó.