Vista general de ses Feixes de es Pratet a vista de pájaro.

Los dos sectores urbanos de ses Feixes que ahora se incluyen íntegramente en el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del humedal, tal y como aprobó ayer por mayoría absoluta la Comisión Insular de Patrimonio, tienen un precio en el mercado de 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas).

El Ayuntamiento de Eivissa hizo en su día una valoración del coste de todo el suelo urbano de ses Feixes (UA 8, 12 y 13), que asciende a un total de 19,2 millones de euros (3.200 millones de pesetas). Sin embargo, el área de protección, aprobada ayer en el Consell, afecta a toda la UA 8 y 12 y sólo una pequeña parte de la 13, que es la que presenta una edificabilidad más alta y, por tanto, un mayor valor en el mercado inmobiliario: 7,2 millones de euros, según explicó ayer a este periódico el edil de Urbanismo de Eivissa, Joan Boned.

El alto coste de la operación de compra de estos sectores urbanos hizo que el Ayuntamiento de Eivissa desechara esta posibilidad. «No podemos hipotecar el futuro del Consistorio», recalcó ayer una vez más Boned. El Consell Insular, de todos modos, plantea financiar la compra de este suelo con fondos de la ecotasa. La dirección general de Coordinación Turística, dependiente del Govern balear, confirmó ayer a este periódico que esta opción «está en fase de estudio».

Boned recuerda que no pueden vulnerar los derechos de los propietarios, que son muchos. «O se llega a a un acuerdo de compra o se les indemniza debidamente», subraya el edil de Urbanismo, que también reconoce que ha habido conversaciones con la Conselleria de Turisme para recurrir a los fondos de la ecotasa.

Por su parte, el conseller del PP, Joan Marí Tur, acudió a la Comisión Insular de Patrimonio, pero se abstuvo en la votación. «Contra utopías no estamos de acuerdo [es imposible a nuestro entender recuperar ses Feixes] y menos cuando un BIC atenta contra los intereses de los ciudadanos», explicó. Marí Tur cuestionó quién deberá hacer frente al pago de posibles indemnizaciones y acusó al Pacte de crear «inseguridad jurídica a los ciudadanos».