La consellera de Benestar Social, Sofía Hernanz, considera que la
idea de la bolsa de viviendas compartidas «no tiene sentido en las
Pitiüses», y apuesta por «extender a todos los ayuntamientos» el
proyecto promovido por el Consistorio de Eivissa de crear una bolsa
de viviendas de alquiler especial para atender las necesidades de
los colectivos más desfavorecidos y de los inmigrantes, que
incluiría un sistema de mediación y seguimiento y que garantizaría
al propietario el cobro puntual del alquiler. Hernanz estima que
ese sistema es más «lógico y adaptado a las necesidades de
Eivissa».
El proyecto de creación de la bolsa de viviendas compartidas fue
adoptado por unanimidad en un pleno del Consell celebrado en
octubre. Poco después se celebró una reunión de la comisión creada
a tal efecto (a la que no acudió quien propuso la idea, el
conseller del grupo mixto, Joan Buades, por hallarse de vacaciones,
ni ningún representante de Els Verds) en la que se acordó solicitar
una serie de informes y estudios a diversas instituciones públicas
y privadas: «Todavía se están recibiendo y se deben analizar
detenidamente», dijo ayer la consellera.
De las consultas establecidas con aquellas corporaciones que ya
han tenido experiencias similares, como la catalana y la granadina,
Hernanz ha llegado a la conclusión de que en Eivissa hay que buscar
otro tipo de alternativas, como la planteada por Vila: «Lo que
hacían en esos dos lugares no tenía nada que ver con lo que planteó
Buades en su moción. Allí se pone en contacto a personas mayores
con estudiantes que se desplazan desde otras provincias y buscan
alojamiento. En Eivissa no tenemos ese potencial de estudiantes
deplazados». Cree más factible, en cambio, facilitar el acceso a la
vivienda a los inmigrantes, que hacen frente a alquileres
prohibitivos y, en ocasiones, a actitudes racistas.
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