Los grupos se dan 11 días para decidir quién será el defensor del ciudadano

J. M. R.
Pacte, PP y el conseller del grupo mixto se pusieron ayer de acuerdo en el pleno para reunirse antes de fin de mes y decidir quién encarnará la figura del defensor del ciudadano, cuyo reglamento entró en vigor el pasado mes de abril. La creación de esa figura, pese a contar con el respaldo de todos los grupos políticos, parecía haber sido olvidada por los consellers, que ayer la reactivaron a partir de una moción presentada por Joan Buades. El objetivo es que haya defensor antes de que en abril se convoquen las elecciones municipales y autonómicas.

El grupo popular propuso que el Consell aportara 30.000 euros para combatir el chapapote. El conseller del PP Joan Marí Tur propuso que el dinero fuera entregado al Ministerio de Presidencia, a cuyo frente está Mariano Rajoy, a lo que la consellera insular de Medi Ambient, Fanny Tur, respondió con un «no» rotundo: «Porque no nos fiamos», dijo, «no sea que el Gobierno lo invierta en armas de destrucción masiva». Tur criticó duramente la actuación del Gobierno en este suceso. Finalmente, se acordó por asentimiento, y a propuesta de Buades, enviar el dinero a la Xunta gallega siempre y cuando lo destine a la adquisición de material.El conseller del grupo mixto no consiguió que el pleno reprobase a la consellera de Benestar Social, Sofía Hernanz, ni al titular d'Ordenació del Territori, Josep Marí Ribas, al hacer valer la presidenta su voto de calidad. El Pacte disfrutó por un día de mayoría gracias a la ausencia de la consellera popular Cati Palau. El popular Joan Marí Tur reprochó a los progresistas que uno de ellos no hubiera abandonado por cortesía el salón de plenos cuando se abordaba una votación donde un solo voto era crucial.El pleno desestimó un recurso de alzada contra un acuerdo de la Comisión de Patrimonio relativo a un muro del Puig de Missa (Santa Eulària) modificado por su propietario. Hasta el momento había sido blanco, pero ante su deterioro decidió reformarlo y forrarlo de piedra, algo que según Patrimonio atentaba contra la estética del lugar, pues ese tipo de estructuras se emplean para separar fincas en el campo, no en la urbe, según explicó la titular de Cultura, Fanny Tur. El conseller Marí Tur defendió la intervención del propietario.También se aprobaron tres expedientes de infracción en materia de turismo. Joan Buades calificó las sanciones (de 3.000 y 4.500 euros) de mera «cosmética». A su juicio, esas cantidades son una «bicoca», «sanciones anecdóticas».