El próximo 27 de enero se cumplen dos años del desplome del
edificio de Viajes Barceló, un hecho que afectó seriamente a un
edifico colindante, habitado por ocho familias que permanecen
desalojadas desde entonces. El edificio que ocupaban quedó en un
estado inhabitable, con graves daños estructurales.
El juicio contra Viajes Barceló y la constructora Saguri, que en
aquel momento realizaba unas obras de reforma en el edificio,
todavía no se ha celebrado. El proceso continúa en fase de
instrucción, según ha señalado un portavoz autorizado por una parte
de los vecinos afectados. En la actualidad están pendientes de la
realización de unas pruebas de laboratorio de los materiales de la
obras para dilucidar cuáles son las causas reales del
siniestro.
El caso se ha visto alargado hasta lo increíble por la «falta de
colaboración» y «trabas» que han puesto las empresas implicadas,
según asegura el portavoz de una parte de los vecinos
afectados.
Actualmente hay dos frentes diferentes de lucha dado que Juan
Manuel Miranda y Juan José Peciña, dos de los ocho vecinos
desalojados, decidieron separarse del grueso y optaron por un
abogado diferente. Estos dos vecinos se encerraron en el edificio
afectado en abril del año pasado a modo de protesta. Juan Manuel
Miranda, en el segundo aniversario del derrumbe de Barceló, se
muestra «cansado de esperar» aunque asegura que no cesarán hasta
conseguir demostrar la culpabilidad de las dos empresas implicadas
y obtener algún tipo de indemnización.
Los dos grupos de vecinos afectados coinciden en criticar el
poco apoyo que han recibido por parte del Ayuntamiento de Eivissa,
en especial de Servicios Sociales. Los dos vecinos que se
encerraron en abril abandonaron esta medida de protesta porque el
Ayuntamiento de Eivissa se comprometió a echarles una mano en lo
posible. «Por lo menos para poder afrontar el incremento de gastos
inesperado» al ser «echados literalmente de sus domicilios por un
accidente que nada tenía que ver con ellos», señalan.
Las ayudas no han llegado y los propietarios de viviendas se
sienten «desprotegidos por todos los lados». No comprenden por qué
otros colectivos reciben ayudas y ellos, que son contribuyentes, no
las obtienen.
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