JOSÉ MIGUEL ROMERO05/01/03 0:00
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El último auto del Tribunal Superior de Justicia, por la relevancia de su decisión y, sobre todo, por el contenido del tercer fundamento de derecho, ya forma parte de las efemérides del caso ses Torres.

3 de agosto de 2000. El pleno de Santa Eulària aprueba el proyecto de urbanización de la unidad de actuación 2.1. de ses Torres. Sólo votaron a favor los populares, «a sabiendas» de que afectaba a suelo rústico, según la denuncia que posteriormente presentará Esquerra Unida ante la Fiscalía.

20 de octubre de 2000. El Consell advierte al alcalde Vicent Guasch de las contradicciones en que incurre el estudio de detalle de la urbanización con el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU).

13 de septiembre de 2001.La comisión de gobierno del Consistorio otorga a Lloma Talamanca y a Feixas de Talamanca la licencia de segregación y parcelación de la urbanización.

18 de octubre de 2001. EU interpone denuncia ante la Fiscalía por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio por parte de los 13 ediles del PP que votaron a favor del proyecto de urbanización, del aparejador municipal, Vicent Marí, y del secretario accidental.

26 de octubre de 2001. El Consell requiere al Ayuntamiento para que no siga aplicando el PDSU y revise todos sus acuerdos. El Ayuntamiento deja de aplicarlo, aunque sigue defendiendo la validez de ese planeamiento. Medio año después empiezan a llegar a la Comisión Insular de Urbanismo (CIU) las primeras denuncias de mora ante e silencio del Ayuntamiento a la hora de conceder licencias en suelos afectados por el PDSU.

9 de mayo de 2002. Lloma Talamanca asegura que ha ganado la licencia de edificación «por silencio administrativo».

22 de mayo de 2002. La Fiscalía encuentra indicios de delito en la actuación del Ayuntamiento. Pide que declaren como imputados el asesor jurídico, José María Roig Vich, el aparejador municipal y la ex arquitecta Raquel García. Posteriormente, la jueza suplente Carmen Robles decide precintar y paralizar la urbanización y que declaren en calidad de imputados el alcalde, Vicent Guasch, y el secretario. Lo harán el día 26 de julio.

7 de octubre de 2002. La jueza suplente Ofelia Nache sustituye a su suplente, Carmen Robles, y decide en un auto anular las declaraciones del alcalde y del secretario por un defecto de forma, y suspender las actuaciones al detectar una cuestión de prejudicialidad en relación al contencioso que se sigue por un recurso del Consell.

9 de noviembre de 2002. El Pacte aporta en un pleno ordinario los datos para hallar el documento que el juzgado pidió cinco meses atrás y que el Consistorio no encuentra en sus archivos. En ese escrito el alcalde avala un informe en el que se indica que los terrenos de ses Torres son rústicos según el PDSU.

14 de diciembre de 2002. El TSJ suspende cautelarmente la parcelación y segregación de ses Torres.