EUGENIO RODRÍGUEZ16/11/02 0:00
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EUGENIO RODRIGUEZ El Pacte de Sant Josep ha puesto en manos del Fiscal una denuncia sobre la supuesta extracción ilegal de arena en la finca de Cas Berris, que pertenece al comisario Àngel Marí, y en otros puntos del municipio, así como la actividad de la arenera de Cas Berris, que, según la denuncia presentada ayer ante el juzgado por el grueso de concejales progresistas, carece de licencia de actividad. La arenera, dice el Pacte, también es propiedad del comisario Marí, pero tiene suscrito un contrato de alquiler con la empresa Arenes es Pi Ver. La oposición mantiene que la extracción de arena en la finca Cas Berris y la actividad de la arenera, que gestiona el material procedente de otras canteras presuntamente clandestinas, pueden constituir «un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y sobre la ordenación del territorio».

La edil del Pacte Maria Tur culpa al Ayuntamiento de Sant Josep, en especial al alcalde y al concejal de Urbanismo, de esta supuesta actividad ilícita. «Han decidido no hacer nada para favorecer esta trama», dice. El Pacte mantiene que durante los últimos cuatro años se han ido denunciado sucesivas extracciones ilegales en todo el municipio. Las últimas se han producido en la finca de Cas Berris (julio) y en la de Can Purxet (octubre). Antes, asegura el Pacte, se detectaron movimientos de tierra en la finca de Can Manyanet, en Benimussa (marzo de 1999), en Can Palerm (enero de 2000), en las inmediaciones de es Frigolar (mayo de 2001), en la finca de ca sa Vilda (mayo de 2001). «Ya estamos hartos, queremos que se haga justicia», dice Tur.

El portavoz de los progresistas, Josep Marí Ribas, Agustinet, recrimina también al Ayuntamiento que no haya hecho nada. «Pensábamos que se había paralizado, pero nos hemos llevado una decepción al comprobar que el Ayuntamiento no ha tramitado ningún expediente de clausura por falta de licencia. No sólo no ha impedido estas extracciones indiscriminadas, sino que además consiente que se siga trabajando. Ahora, la única posibilidad que nos queda es poner los hechos en conocimiento de la justicia ordinaria», justifica.