«Así se oficializa lo que pensamos todos», dijo el conseller del
grupo mixto Joan Buades al comprobar que tanto el portavoz del
grupo progresista como el del popular estaban dispuestos a apoyar
la iniciativa. El conseller insular de Turisme, Josep Marí Ribas,
recordó que todos los implicados han manifestado su visto bueno a
esa idea en diferentes foros y calificó de «un poco oportunista» la
presentación de esa moción. Buades replicó que no es lo mismo ser
«oportunista» que «oportuno». En este caso, señaló, es una moción
«oportuna», pues existe un amplio consenso social y su aprobación
se produce cuando el Govern prepara los presupuestos para el
próximo ejercicio.
Buades conminó a la Conselleria balear de Turisme a «empezar a
preparar el traspaso de la competencia», que el popular Pere Palau
calificó de «motor para que todo pueda funcionar».
En la sesión ordinaria de ayer también se aprobaron "con la
abstención del PP" las enmiendas presentadas en el anterior pleno
por los grupos popular y mixto al pliego de condiciones para la
gestión de los residuos sólidos urbanos. Buades subrayó, no
obstante, su desacuerdo porque el pliego recoge un precio concreto
por los terrenos del vertedero a pesar de que aún no está claro
cuánto se pagará por ellos. Precisamente, se aprobaron también dos
puntos del orden del día al respecto: el expediente de modificación
de créditos para la adquisición de terrenos en Ca na Putxa y el
expediente de concertación de préstamo (de 5'3 millones de euros)
para la adquisición de ese vertedero. En estos dos puntos Buades
iba en principio a abstenerse, pero el conseller de Pressuposts,
Santiago Ferrer, le hubo de advertir que era necesaria la mayoría
absoluta para poder sacarlos adelante, por lo que finalmente votó a
favor.
El pleno también aprobó por unanimidad una moción popular por la
que el Consell deberá elaborar en breve un listado y valoración de
todas las expropiaciones ocasionadas por la construcción de
carreteras hasta el 31 de diciembre de 2001. Además, la institución
se dirigirá al Govern para que en el plazo de cuatro meses abone
las cantidades pendientes de liquidación por expropiación. Palau
calcula que la cifra puede ascender a casi seis millones de euros,
mientras que el conseller insular de Xarxa Viària, Vicent Tur, le
acusó de manipular los datos que le dio en el pasado pleno y
aseguró que no pasa de los 900.000 euros. De ellos 110.000
corresponden a atrasos de expropiaciones y el resto a un cálculo
aproximado de lo que se tendrá que pagar por los terrenos de la
ronda norte de Sant Antoni.
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