Redacción Local04/10/02 0:00
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El Defensor del Pueblo recomienda a la Conselleria de Benestar Social de Balears que estudie la posibilidad de instalar algún centro de internamiento en las islas menores para que los jóvenes de dichas islas no tengan que ser trasladados a los centros existentes en Palma. Así se refleja en el informe del Defensor del Pueblo sobre el primer año de vigencia de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, según el cual en 2001 en Balears se adoptaron 540 medidas en aplicación de la norma. La situación de Eivissa queda así en evidencia ante este informe tras las quejas de la Fiscalía y uno de los jueces de menores, que fueron recogidas por este medio.

El Defensor del Pueblo recoge las recomendaciones del Colegio de Abogados de Balears sobre la necesidad de separar las instalaciones destinadas para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al no estar los menores detenidos separados de los adultos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado advierte de que existe un retraso en el registro de los asuntos en Eivissa y Menorca por carecer de un sistema informático adecuado y por la falta de personal auxiliar; y ante el retraso en la emisión de informes, según la Fiscalía, se estima oportuno la creación de dos nuevos equipos técnicos, uno en Menorca y otro en Eivissa.

El informe del Defensor del Pueblo señala que, a lo largo del 2001, fueron detenidos 562 menores en Balears, de los que prácticamente la mitad fueron arrestados por robos con violencia, intimidación o por fuerza, y se explica que en el 84 por ciento de los casos eran españoles, por delante de rumanos, con un 3'5% y marroquíes, con un 3%. Según especifica, buena parte de los internamientos realizados durante el año 2001 fueron de jóvenes mayores de 18 años por delitos cometidos en el año 1999 y una vez finalicen la medida de internamiento tendrán que ingresar en prisión en cumplimiento del Código Penal, por lo que se hace difícil lograr la efectiva reinserción de la que habla la ley.

Los centros para el cumplimiento de las medidas en las Islas son «Es Pinaret» y «Es Fusteret», que están en Palma. «Es Pinaret», de titularidad pública, cuenta con 24 plazas y se han producido un total de 37 fugas, de las que 20 tuvieron lugar desde el interior del centro y otros 17 menores no se incorporaron de algún permiso o salida. En este centro, el director expresó su intención de cambiar la plantilla que realiza el servicio de vigilancia ante las quejas recibidas de un menor que había sido agredido. Para el Defensor del Pueblo esta comunidad carece de centros específicos para el cumplimiento del tratamiento terapéutico, por lo que en los casos en los que ha sido preciso tratar a jóvenes con alteraciones psíquicas o por presentar algún tipo de drogodependencia se ha tenido que utilizar los recursos sanitarios de la red pública.