JOSÉ MIGUEL ROMERO28/09/02 0:00
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El secretario general de USO, Antonio Llanos, señaló ayer que el pliego de condiciones para la gestión de los residuos sólidos urbanos de las Pitiüses «garantiza debidamente» los puestos de trabajo de los operarios de Herbusa en el vertedero, pues incluye una cláusula por la que la empresa que se haga con ese servicio deberá subrogarse a esa parte de la plantilla. Esos empleados conservarán los mismos derechos adquiridos que tienen ahora en Herbusa, en caso de que esta empresa no gane el concurso. Según Llanos, que pudo estudiar el pliego el pasado jueves, la medida afecta, directa (quienes trabajan en el mismo vertedero de Ca na Putxa) e indirectamente (administrativos), a unos 10 ó 15 trabajadores.

Llanos también lanzó un mensaje al resto de trabajadores de Herbusa: «Deben estar tranquilos porque sus puestos no peligran». El secretario general de USO recordó que «existe un convenio nacional por el que cuando una empresa concesionaria pierde una contrata de recogida de basuras, la nueva está obligada a subrogarse a los trabajadores».

En este sentido, Llanos criticó duramente al director de Herbusa, Antonio Ribas, quien hace tres días argumentó que si esa empresa no se hacía con el contrato para la gestión de residuos peligrarían los puestos de trabajo de 60 u 80 empleados del centenar existente: «Los argumentos esgrimidos por Herbusa "dijo ayer Antonio Llanos en respuesta" no tienen base legal. El peligro de los puestos de trabajo no existe». A su juicio, «la empresa debe renunciar a ese tipo de argumentación, pues eso es usar a los trabajadores como arma arrojadiza en sus aspiraciones por lograr el contrato». Precisamente, Herbusa emitió ayer un comunicado en contestación a los comentarios efectuados un día antes a este periódico por la consellera de Medi Ambient, Fanny Tur, que culpó también a Ribas de usar a los trabajadores como medida de presión: «Entendemos "señala Herbusa en la nota" que en un principio esa pérdida de actividad por parte de la empresa afectaría no sólo al personal que de forma directa presta su trabajo en la actividad cuya expropiación se plantea, sino que, en mayor medida, afectará al resto de personal, que no olvidemos que es un todo y no una serie de actividades estancas». Asimismo, se indica que es una «obligación legal informar a los trabajadores de cualquier cuestión que pueda afectar a su estabilidad en el empleo».