EUGENIO RODRIGUEZ El Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Eivissa, integrada por el equipo de gobierno, la oposición, ONGs y asociaciones culturales, deportivas y vecinales del municipio, acordó el martes instar al Consell y a los ayuntamientos de Eivissa, Sant Antoni y Santa Eulària a que contraten a una empresa para que realice una auditoría sobre el estado de la depuradora. Pese a que los acuerdos del consejo municipal no son vinculantes, el presidente del mismo, el concejal Roque López, del Pacte, aseguró ayer a este periódico que esta petición se elevará a pleno. Por su parte, el delegado del Instituto Balear de Saneamiento (Ibasan), Ramón Mayol, que también estuvo presente en esta reunión, indicó que no tiene objección alguna a que se lleve adelante este estudio de la planta. Eso sí, advirtió de que es competencia directa de la dirección general de Recursos Hídricos, dependiente del Govern: «No pondremos ninguna pega, aunque no puede venir cualquier empresa a hacerlo».

El consejo decidió, además, que el coste de dicho estudio corra a cargo del Consell Insular y los municipios de donde procede el aguas que depura la planta. El uno por ciento de este caudal procede, según Ramón Mayol, de la nueva red de saneamiento de Sant Rafel. El resto es de Puig d'en Valls (Santa Eulària) y Eivissa. Así, el foro de participación ciudadana del Ayuntamiento de Eivissa subrayó en su último encuentro la importancia de que los consistorios de Santa Eulària y Sant Antoni también se impliquen en la búsqueda de soluciones para solventar los problemas que arrastra la depuradora desde hace tiempo.

El delegado del Ibasan en Eivissa también se comprometió, a petición del consejo, a buscar una alternativa para no provocar vertidos, en caso de emergencia, en el torrente de sa Llavanera. «Él mismo instará al Ibasan a que cambie el aliviadero», explicó el presidente del consejo, Roque López. Ramón Mayol expuso al foro las acciones que proyecta acometer el Ibasan para mejorar las condiciones de la planta. Entre ellas, se prevé una importante inversión de más de dos millones de euros para llevar a cabo obras de reformas, así como la renegociación del contrato de mantenimiento de la planta.