La Conselleria balear de Medi Ambient ha adquirido finalmente por
30.000 euros los 1.500 metros cuadrados que necesitaba de una finca
de Sant Rafel para construir en ella el depósito regulador de la
interconexión de las desaladoras de Eivissa y Sant Antoni. La venta
fue apalabrada la pasada semana, pocos días después de que el
director general de Recursos Hídricos dijera a este periódico que
la obra se retrasaba, entre otras razones, porque no se llegaba a
un acuerdo con la propiedad en el precio.
Después ha surgido otro problema: el Ayuntamiento de Sant Antoni
duda de la legalidad de permitir la segregación de esos 1.500
metros cuadrados, pues se podría infringir la parcela mínima. No
obstante, desde la Conselleria de Medi Ambient se señaló ayer que
en estos casos prevalece el interés general de la obra, «por lo que
no debe haber ningún problema para llevara cabo la
segregación».
Un portavoz expresó su confianza a que la negativa del
Consistorio a facilitar ese trámite sea sólo debido a un
«malentendido» y que en los próximos días se pueda solucionar. La
obra de interconexión lleva un considerable retraso. Pese a que la
consellera Margalida Rosselló se comprometió a tenerla terminada en
verano, posiblemente no estará concluida totalmente hasta avanzado
el invierno.
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