JOSÉ MIGUEL ROMERO19/09/02 0:00
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La jueza Ofelia Nache, responsable del juzgado de instrucción y primera instancia número 4, decidió ayer suspender la declaración como testigo del diputado Miquel Ramon en el caso ses Torres porque ante las preguntas que formulaba José María Roig Vich, representación letrada del aparejador municipal Vicente Marí, entendió que más que una intervención como testigo parecía un interrogatorio en toda regla a un imputado.

La jueza debe decidir ahora cómo debe seguir declarando Ramon, algo que no quedó reflejado con claridad en el acta de ayer "a la que tuvo acceso este periódico", aunque en ella da a entender que será citado en calidad de imputado. En ese caso, "que constituiría una paradoja", no tendría la obligación de prestar juramento ni de declarar contra sí mismo, y podría hacerlo acompañado de su abogado. No obstante, el posible procesamiento contra el diputado (y por tanto aforado) difícilmente podría ser por este procedimiento, en el que EU denunció ante la Fiscalía que 13 ediles populares y varios técnicos del Consistorio votaron e informaron favorablemente el proyecto de urbanización de ses Torres «a sabiendas» de que afectaba a suelo rústico, un hecho en el que Ramon no está implicado.

El diputado señaló ayer que por su parte hubiera seguido respondiendo, pero fue la jueza quien se lo impidió: «No soy como Jaume Matas [ministro de Medio Ambiente], yo no tengo inconveniente en declarar». En principio, sus aportaciones como testigo debían servir para aclarar por qué uno de los documentos que presentó como prueba ante la Fiscalía aparecía incompleto. Precisamente, el abogado Roig Vich "que ya declaró como imputado en este caso" dijo que la jueza decidió la suspensión ante la «evidencia de que Ramon aportó en su denuncia documentos totalmente manipulados», y que pedirá su imputación.

El abogado de la empresa que construye en ses Torres, Lloma Talamanca, recordó que «no se puede iniciar un proceso con una prueba que es una copia», en referencia al documento manipulado. En una providencia del 29 de julio, la jueza suplente Carmen Robles requirió al Ayuntamiento a que en el plazo de 10 días remitiera copia de todos los certificados emitidos en el año 2001 relativos a la unidad de actuación 2.1. de ses Torres, para así comprobar si ese documento estaba realmente manipulado o si lo que efectivamente pretendía EU era proteger la identidad del particular que proporcionó la copia en la que el alcalde de Santa Eulària admite que ses Torres era suelo rústico en el PGOU. De esas copias nada se supo ayer.