La jueza Ofelia Nache, responsable del juzgado de instrucción y
primera instancia número 4, decidió ayer suspender la declaración
como testigo del diputado Miquel Ramon en el caso ses Torres porque
ante las preguntas que formulaba José María Roig Vich,
representación letrada del aparejador municipal Vicente Marí,
entendió que más que una intervención como testigo parecía un
interrogatorio en toda regla a un imputado.
La jueza debe decidir ahora cómo debe seguir declarando Ramon,
algo que no quedó reflejado con claridad en el acta de ayer "a la
que tuvo acceso este periódico", aunque en ella da a entender que
será citado en calidad de imputado. En ese caso, "que constituiría
una paradoja", no tendría la obligación de prestar juramento ni de
declarar contra sí mismo, y podría hacerlo acompañado de su
abogado. No obstante, el posible procesamiento contra el diputado
(y por tanto aforado) difícilmente podría ser por este
procedimiento, en el que EU denunció ante la Fiscalía que 13 ediles
populares y varios técnicos del Consistorio votaron e informaron
favorablemente el proyecto de urbanización de ses Torres «a
sabiendas» de que afectaba a suelo rústico, un hecho en el que
Ramon no está implicado.
El diputado señaló ayer que por su parte hubiera seguido
respondiendo, pero fue la jueza quien se lo impidió: «No soy como
Jaume Matas [ministro de Medio Ambiente], yo no tengo inconveniente
en declarar». En principio, sus aportaciones como testigo debían
servir para aclarar por qué uno de los documentos que presentó como
prueba ante la Fiscalía aparecía incompleto. Precisamente, el
abogado Roig Vich "que ya declaró como imputado en este caso" dijo
que la jueza decidió la suspensión ante la «evidencia de que Ramon
aportó en su denuncia documentos totalmente manipulados», y que
pedirá su imputación.
El abogado de la empresa que construye en ses Torres, Lloma
Talamanca, recordó que «no se puede iniciar un proceso con una
prueba que es una copia», en referencia al documento manipulado. En
una providencia del 29 de julio, la jueza suplente Carmen Robles
requirió al Ayuntamiento a que en el plazo de 10 días remitiera
copia de todos los certificados emitidos en el año 2001 relativos a
la unidad de actuación 2.1. de ses Torres, para así comprobar si
ese documento estaba realmente manipulado o si lo que efectivamente
pretendía EU era proteger la identidad del particular que
proporcionó la copia en la que el alcalde de Santa Eulària admite
que ses Torres era suelo rústico en el PGOU. De esas copias nada se
supo ayer.
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