El gasoducto es la alternativa que requiere menor inversión para el
suministro de gas natural a Eivissa y Mallorca, tanto en
construcción como en operatividad y mantenimiento, según la
propuesta de planificación energética para Balears hecha pública
por el Ministerio de Economía el pasado julio. Según el
departamento que dirige Rodrigo Rato, la inversión necesaria para
el gasoducto es de 236'5 millones de euros (39.350 millones de
pesetas).
Rato señaló el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, que
cualquier decisión sobre el futuro energético de Balears no se
tomará hasta finales de 2003. Construir una planta de
regasificación (transporte de gas natural en barcos) y un gasoducto
de Mallorca a Eivissa costaría 274'5 millones de E (45.669 millones
de pesetas, un 16% más que el gasoducto) y la instalación de
plantas en las islas ascendería a 303 millones de E (50.458
millones de pesetas, un 28% más que el gasoducto).
El dimensionamiento propuesto para el gasoducto permite
abastecer Balears hasta 2014. Posteriormente se deberían ampliar
las capacidades de compresión, pero con inversiones «marginales» en
relación a la inicial, según el Ministerio. La planta de
regasificación depende de la disponibilidad de terrenos e
infraestructuras posteriores (se calculan una superficie necesaria
de 100.000 m2, 7.000 u 8.000 para el gasoducto) y un tanque con una
capacidad de 150.000 m3. Las plantas permitirían abastecer las
Islas durante los primeros cinco años. Posteriormente habría que
instalar equipos adicionales.
En cuanto a un cable eléctrico Península-Eivissa-Mallorca, los
costes varían en función de la distancia entre las conexiones
islas-continente. De cuatro opciones, dos son más caras y dos son
más baratas que el gasoducto, pero hay un problema: el cable no
trae gas. Los gobiernos central y autonómico coinciden con la
Comisión Nacional de la Energía en la necesidad de conectar Balears
al gas de la Península.
El Colegio de Ingenieros Industriales de Balears, que también
considera necesaria la llegada del gas en breve, recomienda
igualmente el cable porque sustituiría la generación insular por
peninsular, reduciría las compensaciones del Estado al sobrecoste
energético insular (unos 49 millones de euros anuales), aproximaría
el coste del kilovatio/hora al de la Península, eliminaría la
necesidad de nuevas centrales de producción eléctrica hasta 2015 y
conectaría todas las Islas, mejorando la calidad del servicio ante
fallos internos.
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