JOSÉ MIGUEL ROMERO13/09/02 0:00
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La representación procesal de Esquerra Unida en el caso ses Torres presentó ayer alegaciones en las que pide que se desestime la cuestión de prejudicialidad administrativa presentada por José María Roig Vich -asesor legal del Ayuntamiento de Santa Eulària y representante del aparejador municipal, Vicent Marí,además de haber declarado como imputado en este asunto-, en la que pide la suspensión de las actuaciones penales mientras no se resuelva el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consell contra la licencia de segregación y parcelación otorgada a las entidades Talamanca S. L. y Ses Feixes de Talamanca.

En las alegaciones de EU se explica que dicho recurso contencioso «no constituye ni por asomo una cuestión prejudicial» pues en las diligencias del caso ses Torres no aparecen imputadas ninguna de esas dos empresas y porque los hechos enjuiciados no se instruyen en virtud de la concesión de esas licencias de parcelación y segregación, «sino por unos hechos que pueden constituir un delito contra la ordenación del territorio» porque, supuestamente, se ha transformado suelo rústico y de reserva urbana en «una urbanización en toda regla».

En ese escrito de alegaciones se recuerda que esos terrenos fueron incluidos en el PDSU a pesar de que no tenían consideración de urbanos, y que los ediles y técnicos que hasta ahora han declarado como imputados, entre ellos el propio alcalde de la localidad, Vicent Guasch, «votaron a favor de ese proyecto a sabiendas de su manifiesta ilegalidad», de manera que «con su voto favorable permitieron convertir suelo no urbanizable, según el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Eulària, en una concluida urbanización».

Estas son las terceras alegaciones presentadas en las últimas semanas por la representación legal de EU a recursos del Ayuntamiento de Santa Eulària y de la empresa Lloma Talamanca en los que se pedía que se levantara la suspensión de las obras en ses Torres y que se anulara la declaración como imputados del alcalde y del secretario accidental por un defecto de forma. El diputado Miquel Ramon, que interpuso la denuncia por este asunto ante la Fiscalía, considera que esas actuaciones van encaminadas a «retardar al máximo posible la instrucción del procedimiento penal y confundir a la opinión pública».