El asesor del Ayuntamiento, José María Roig Vich, había presentado
un recurso de reforma contra las actuaciones llevadas a cabo hasta
ahora en la instrucción del procedimiento judicial. El aparejador,
Vicent Marí, que al igual que Roig declaró en calidad de imputado
por este caso, presentó un escrito similar.
En un plazo de 10 días, EU habrá preparado las alegaciones
contra la «cuestión de perjudicialidad administrativa» presentada
por Roig Vich. Según la formación que denunció ante la Fiscalía el
caso ses Torres, «Roig pretende de forma completamente
injustificada la suspensión de las actuaciones penales mientras no
se hayan resuelto los contenciosos administrativos».
En un comunicado de prensa, EU denuncia que el Ayuntamiento de
Santa Eulària y la promotora de las obras, Lloma Talamanca, «actúan
de forma coordinada» con actuaciones que «responden a la intención
de retardar el máximo posible la instrucción del procedimiento
penal y de intentar confundir a la opinión pública».
«En cambio -prosigue el partido- no se ve la misma diligencia
por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento a la hora de
restablecer la legalidad y acabar con el caos urbanístico de ese
municipio».
El diputado Miquel Ramon adelantó ayer que una de las tácticas
que empleará próximamente el Ayuntamiento es la de intentar
demostrar que los ediles progresistas también han llegado a votar a
favor en algunas cuestiones relacionadas con el Plan de
Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) planteadas en los plenos del
Consistorio. Ramon recordó que lo que se dirime ahora en los
juzgados es la concesión de unas licencias a sabiendas de que no se
podían dar, y no todo el planeamiento urbano del municipio. Con
ironía, el diputado animó al Ayuntamiento a que si está interesado
en poner sobre el tapete el PDSU repase entonces a conciencia todas
las licencias urbanísticas que ha otorgado en la última década.
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