Redacción Local31/08/02 0:00
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El Pacte de Sant Antoni se opone tajantemente a que los residentes de Sant Rafel tengan que pagar casi 2.000 euros (algo más de 300.000 pesetas) de su bolsillo para conectarse a la red de saneamiento que actualmente se está instalando en la localidad. Esta cifra sale del coste resultante de la obra civil, que viene a ser 900 euros aproximadamente por residencia, y una cantidad similar por los derechos de conexión, según asegura el Pacte. El equipo de gobierno presentó esta propuesta a la oposición el pasado día 27 en comisión de hacienda.

Los progresistas aprueban las cuentas del Ayuntamiento, pero mantienen que éste debería considerar que desde 1987, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, Sant Rafel es suelo urbano, aunque, según el Pacte, «no contaban con los servicios básicos propios de dicha calificación». «Han tenido que pasar quince años sin contar con ellos», subraya el portavoz del Pacte en Sant Antoni, Joan Marí Serra.

Durante todo este tiempo los residentes en Sant Rafel, apunta Marí Serra, pagaban impuestos propios de un suelo urbano mientras, por otra parte, debían hacer frente por su cuenta al coste del sanemiento de las aguas residuales y al suministro propio de agua potable para el consumo. «Esto significa que los gastos anuales de estas familias eran cuatro veces superior a las de una familia del casco urbano de Sant Antoni, cuando desde 1987 los gastos los gastos deberían estar equiparados con los mismos servicios urbanos», destaca el portavoz progresista.

Por ello, la oposición insiste en que para dotar ahora a Sant Rafel con un servicio que deberían tener desde hace 15 años, el Ayuntamiento debe tener en cuenta las deficiencias y el sobrecoste que han soportado los residentes durante todo este tiempo. Así, el Pacte propondrá en el próximo pleno que todas las viviendas que en 1987 ya estaban legalmente construidas sean eximidas del pago de la cuota de conexión (900 euros por vivienda). Marí Serra reconoce , sin embargo, que esta propuesta no cubrirá, «ni mucho menos», el grueso de los gastos, pero al menos «servirá para hacer algo de justicia».

El Pacte ya lanzó una batería de preguntas sobre esta obra en un pleno. La oposición preguntó entonces, entre otras cosas, qué redes de telefonía y electricidad se iban a soterrarar aprovechando el levantamiento del pavimento y si las obras incluían también el barrio de can Llaudis.