El Pacte de Sant Antoni se opone tajantemente a que los residentes
de Sant Rafel tengan que pagar casi 2.000 euros (algo más de
300.000 pesetas) de su bolsillo para conectarse a la red de
saneamiento que actualmente se está instalando en la localidad.
Esta cifra sale del coste resultante de la obra civil, que viene a
ser 900 euros aproximadamente por residencia, y una cantidad
similar por los derechos de conexión, según asegura el Pacte. El
equipo de gobierno presentó esta propuesta a la oposición el pasado
día 27 en comisión de hacienda.
Los progresistas aprueban las cuentas del Ayuntamiento, pero
mantienen que éste debería considerar que desde 1987, cuando se
aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio,
Sant Rafel es suelo urbano, aunque, según el Pacte, «no contaban
con los servicios básicos propios de dicha calificación». «Han
tenido que pasar quince años sin contar con ellos», subraya el
portavoz del Pacte en Sant Antoni, Joan Marí Serra.
Durante todo este tiempo los residentes en Sant Rafel, apunta
Marí Serra, pagaban impuestos propios de un suelo urbano mientras,
por otra parte, debían hacer frente por su cuenta al coste del
sanemiento de las aguas residuales y al suministro propio de agua
potable para el consumo. «Esto significa que los gastos anuales de
estas familias eran cuatro veces superior a las de una familia del
casco urbano de Sant Antoni, cuando desde 1987 los gastos los
gastos deberían estar equiparados con los mismos servicios
urbanos», destaca el portavoz progresista.
Por ello, la oposición insiste en que para dotar ahora a Sant
Rafel con un servicio que deberían tener desde hace 15 años, el
Ayuntamiento debe tener en cuenta las deficiencias y el sobrecoste
que han soportado los residentes durante todo este tiempo. Así, el
Pacte propondrá en el próximo pleno que todas las viviendas que en
1987 ya estaban legalmente construidas sean eximidas del pago de la
cuota de conexión (900 euros por vivienda). Marí Serra reconoce ,
sin embargo, que esta propuesta no cubrirá, «ni mucho menos», el
grueso de los gastos, pero al menos «servirá para hacer algo de
justicia».
El Pacte ya lanzó una batería de preguntas sobre esta obra en un
pleno. La oposición preguntó entonces, entre otras cosas, qué redes
de telefonía y electricidad se iban a soterrarar aprovechando el
levantamiento del pavimento y si las obras incluían también el
barrio de can Llaudis.
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