El informe es reciente, data del pasado 26 de julio, y pone en
evidencia el funcionamiento irregular de buena parte de las
depuradoras pertenecientes al Instituto Balear de Saneamiento
(Ibasan), dependiente de la Conselleria balear de Medi Ambient, en
manos de la verde Margalida Rosselló. Lo que en él se dice motivó
en parte el ruego realizado por el pleno el pasado miércoles al
Govern para que ponga remedio inmediato a los problemas que se han
detectado, especialmente de vertidos y de malos olores.
Pero el informe, al que ha tenido acceso este periódico, incide
especialmente en cómo se está empleando el agua tratada en las
plantas depuradoras. Por ejemplo, se indica que excepto en la
planta de Cala Llonga, el vertido de los efluentes que carecen de
emisario al mar se realiza sobre torrentes y suelos forestales, lo
cual se debería evitar porque «los niveles de depuración
difícilmente cumplen las especificaciones del decreto 13/92 sobre
las condiciones mínimas del vertido». Precisamente, en Cala Llonga
se emplea el agua para aprovechamiento agrícola de las fincas
próximas «por inundación, sistema de riego no admisible cuando se
trata de aguas depuradas», se dice en el estudio. Lo más grave es
que «ese aprovechamiento carece de concesión administrativa y se
viene realizando sin ningún tipo de control».
También se advierte en ese documento que la depuradora de Cala
de Sant Vicent «tiene una capacidad insuficiente para el servicio
que demandan las instalaciones hoteleras» y que la eliminación de
efluentes se efectúa «mediante vertido en sondeos recientemente
abiertos», es decir, inyectando el agua en perforadas. Esta
práctica tendrá «consecuencias contaminantes imprevisibles», debido
a que puede alcanzar aguas subterráneas y llegar a provocar
«afloraciones» en la superficie. Para este caso, los servicios
técnicos proponen la «instalación de una nueva planta con
tratamiento terciario físico-químico y la construcción de un
emisario al mar» para eliminar la producción de agua depurada.
Otro caso denunciado en el informe del Consell es el de la
estación depuradora de aguas residuales (Edar) de Platja den Bossa,
cuyo efluente se aprovechado para el riego agrícola «en fincas
gestionadas por la empresa Doliga S. A sin la debida concesión
administrativa para su uso». Además, el resto del agua es vertido
al mar mediante un emisario próximo al Parque Natural de ses
Salines. Uno de los problemas observados en esa planta es la
elevada salinidad, provocada por la «mala calidad del agua de
abastecimiento suministrada en la zona por la empresa Aguas de
Formentera».
Una nueva depuradora en las proximidades de la de
Eivissa
La Conselleria insular de Medi Ambient maneja también un informe en
el que se advierte de que la actual estación de Eivissa quedará
«manifiestamente mermada» próximamente. Todo se debe a que en un
futuro cercano está prevista la conexión de nuevas redes de
saneamiento a esa instalación, como la que procede de Sant Rafel,
la conexión desde Cana Negreta y la de las zonas urbanas de la
parroquia de Jesús.
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