Es la primera consecuencia de la denuncia que presentó Esquerra
Unida (EU) ante la Fiscalía el pasado mes de octubre por el caso de
la urbanización ses Torres, lugar donde el Ayuntamiento permitió
una urbanización alegando que el Plan de Delimitación del Suelo
Urbano (PDSU) recogía ese suelo como urbano, pese a que en el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) aparecía como rústico.
Desde entonces, el Consistorio ha congelado el PDSU, negándose a
conceder más licencias hasta que la Justicia aclare si es
aplicable, como defiende el alcalde, Vicent Guasch y el grupo
popular de Santa Eulària, o es nulo de pleno derecho, como afirman
los progresistas y se indica en los fundamentos de derecho de una
sentencia.
Decenas de particulares y empresas han solicitado desde entonces
licencias, sin que el Ayuntamiento respondiera. Ante el silencio
administrativo en primera instancia, el Consistorio les ha remitido
al Consell, en cuya CIU se analizarán hoy las primeras denuncias de
mora. Lo que determine ese organismo será de suma importancia para
el futuro del planeamiento urbanístico de Santa Eulària, así como
para que los interesados, que podrían interponer demandas
millonarias por los estragos que les han causado, pues,
teóricamente, con un planeamiento (el PDSU) pueden construir
viviendas, mientras que con el otro (el PGOU) no.
En octubre del año pasado, un informe de la CIU consideraba nulo
el PDSU por vulnerar el PGOU y por contradecir la ley de Suelo. El
Consell instó entonces al Ayuntamiento a que dejara de aplicar el
PDSU y revisara los acuerdos adoptados hasta entonces el mismo.
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