JOSÉ MIGUEL ROMERO24/07/02 0:00
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La ampliación de la norma territorial cautelar de octubre de 2000 contó con el voto afirmativo del conseller del grupo mixto, Joan Buades, aunque no por ello dejó de criticarla por ser escasa, por no afectar a más «falsos suelos urbanos» («creará agravios comparativos con consecuencias judiciales», dijo) y porque Sant Joan y Santa Eulària «se hayan salvado». Tras ser aprobada en el pleno extraordinario de ayer, la moratoria tendrá ahora un mes de exposición pública y permanecerá en vigor hasta que se dé el visto bueno definitivo al Plan Territorial Insular (PTI) o hasta el otoño de 2005.

El popular Josep Juan Cardona criticó que la moratoria incluso afecte a las licencias de actividad, y puso especial énfasis en que no se han previsto las «consecuencias económicas» que tendrá esa medida. Al respecto, Josep Marí Ribas, conseller d'Ordenació del Territori, recordó las incumplidas profecías de hecatombe económica que ya hizo el PP cuando se aprobó la norma territorial cautelar de 2000: «Y no ha sido un drama. Las cosas se han desarrollado con normalidad».

El conseller explicó que en las épocas de vorágine de la construcción «llegan empresas de fuera que desequilibran el sector», circunstancia que tiene graves repercusiones para las sociedades isleñas. Marí considera preferible que el trabajo sea programado y continuado, en vez de «mucho en sólo un par de años». Según indicó, el futuro PTI se encamina hacia esa política, a lograr un crecimiento sostenible (de momento 26.728 plazas en 10 años, así como la declaración de inedificabilidad de 3.698 hectáreas de masas forestales y cimas que hasta el momento estaban desprotegidas) en contraposición al exorbitante crecimiento experimentado en los últimos años.

Antes de decidir sobre la ampliación de la norma territorial cautelar se procedió a votar la propuesta del PP -que fue rechazada- de retirarla del orden del día porque los populares no habían recibido toda la documentación. Por su parte, Buades presentó siete enmiendas a la moratoria, que no fueron respaldadas por el resto de los grupos. En ellas instaba a suspender los proyectos en suelos urbanos y urbanizables no iniciados, a introducir un «numerus clausus» anual para licencias y a que el Consell cogiera las riendas del urbanismo del municipio de Santa Eulària.