La dirección insular de la Administración General del Estado y los
ayuntamientos de las Pitiüses se han propuesto este verano poner
coto al uso ilegal de las atracciones náuticas, especialmente de
las motos acuáticas. El Gobierno aprobó un decreto en marzo para
regularizar con una normativa más restrictiva el uso de estas
motos, que el verano anterior causó accidentes mortales en la costa
española.
La directora insular de la Administración del Estado, Marienna
Sánchez Jáuregui se reunió ayer en su despacho con los
representantes de los ayuntamientos de las islas y el director de
Capitanía Marítima, Jesús Varela, para coordinar el control del
cumplimiento de la nueva normativa. A partir de ahora, es
obligatorio poseer un título para manejar una de estas motos. «Se
han creado tres títulos nuevos según la cilindrada», apuntó Varela.
La persona que alquila una moto náutica debe exigir al cliente este
permiso. «Si éste no dispone de él, sólo podrá conducir a través de
una escuela por un circuito cerrado», añadió.
Por su parte, Marienna Sánchez Jáuregui señaló que las fuerzas
de seguridad del estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de
Policía) y la Policía Local controlarán el cumplimiento de la
normativa y, en el caso, de que detecten alguna ilegalidad
«ordenarán la paralización de la moto». Capitanía Marítima
posteriormente se encargará de tramitar las sanciones. Sánchez
Jáuregui subrayó que este verano va a aumentar la presencia
policial en las playas para controlar el buen uso de estas
concesiones náuticas. «Van a incrementarse las plantillas
destinadas a ello», subrayó la directora insular.
Eso sí, por el momento, según apuntó Sánchez Jáuregui, «aún no
se ha tramitado ninguna denuncia» por el incumplimiento de la
normativa que regula el uso de estos «artefactos flotantes».
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